El Gobierno no puede dar por buena, desde el punto de vista político, una situación en la que los constantes retos del lehendakari son vulneraciones de fundamentales principios democráticos.
Hay que reconocer que el nacionalismo, y en concreto el vasco, viene contando desde hace decenios con un plus que es negado a los demás. Fruto de los complejos procedentes del franquismo y de algunas actitudes estrafalarias durante la Transición, se diría que, si no se busca afanosamente (que a menudo ocurre), al menos se espera apasionadamente que el nacionalismo muestre su mejor rostro, es decir, que de una vez por todas se aproxime a los elementos básicos del sistema constitucional. Las mistificaciones no son, por tanto, parte de esa doctrina, sino también de los bondadosos observadores.
A este síndrome, que abandona la mirada realista y crítica, responde el modo en que durante los últimos días se esperaban las preguntas que el lehendakari Ibarretxe anunció ayer para su imposible consulta. Se esperaba que incluyera una que invitara a rechazar el terrorismo de ETA. Un deseo incumplido, por cierto, en el que el efecto anestesiante de esta suerte de buenismo parecía querer dar la impresión (o autoconvencerse) de que, si se incluyese una pregunta de esa naturaleza, toda la arquitectura anticonstitucional del pretendido referéndum se diluyese de algún modo.
El sistema autonómico, al igual que los sistemas federales, sólo funciona, además de por el principio de legalidad, si está cotidianamente presente el de lealtad. En el caso del Gobierno vasco faltan, como es evidente, ambos y ya va siendo hora de que se dejen a un lado los complejos y los voluntarismos ingenuos. Como no podía ser de otro modo, el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha anunciado, tras la decisión de Ibarretxe, que impugnará la ley que se pretende aprobar en Vitoria. Pero no basta. El Gobierno no puede dar por buena, desde el punto de vista político, una situación en la que los constantes «retos» de Ibarretxe son, en realidad, la vulneración de esos dos principios elementales. No se trata de incumplir, desde la perspectiva de la Administración central, ninguna de las obligaciones legales, sino de plantar cara a este impresentable desafío. La deslealtad del PNV estuvo correctamente planteada en el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Lo que hay que revisar es si, como se ha dicho desde el socialismo y sus aliados, ha habido un cambio real en el nacionalismo vasco. No parece que sea así. Es más, la deriva del PNV (las preguntas, de algún modo, hacen suya la vieja doctrina de ETA) confirma que, lejos de rectificar, se avanza. De lo que se trata, desde el punto de vista político y de la opinión pública, es que se avanza hacia el abismo. Si el PNV quiere sumirse en él es su responsabilidad, pero la del Gobierno es impedir que arrastre a la sociedad vasca.
Germán Yanke, ESTRELLA DIGITAL, 29/5/2008