ABC 10/01/17
EDITORIAL
LOS presidentes del País Vasco y de Cataluña, Íñigo Urkullu y Carles Puigdemont, no asistirán a la Conferencia de Presidentes convocada por Rajoy para el próximo día 17. Su ausencia se produce cuando el Gobierno intenta favorecer un escenario de diálogo que permita la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017. Gestos no han faltado desde el Ejecutivo, desde promesas de inversiones en infraestructuras con compromisos de gasto público que se cifran en cientos de millones de euros, hasta el cese del incómodo delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo. Esta ausencia es un episodio más de una actitud despectiva hacia el Estado del cual son representantes en sus comunidades. Es comprensible el esfuerzo de Rajoy por sumar apoyos para los Presupuestos, pero estos nacionalismos no deberían ver reforzada su posición por la precariedad del Gobierno.
En esta situación, está en manos del PSOE que el Gobierno no tenga que pagar a precio de oro cada voto nacionalista que consiga para aprobar los Presupuestos. La renovación de la política en España debería empezar por hacer prescindibles a los nacionalismos mediante acuerdos de Estado entre socialistas y populares. En lo poco que llevamos de legislatura ya se ha visto que la voluntad del Gobierno de dialogar tiene como respuesta el desprecio a una institución pensada para canalizar las demandas autonómicas. Es hora de cambiar la pregunta de cuánto le cuesta al Estado la deslealtad nacionalista por la de cuánto le cuesta a los nacionalismos su deslealtad hacia el Estado. Mientras el Gobierno pugna por aprobar las cuentas, el nacionalismo vasco pone precio desde la comodidad del Concierto Económico, y el catalán persevera en su separatismo con la tranquilidad de saber que el Estado siempre paga sus facturas.