- Purga en los Mossos y desmantelamiento del Estado en el País Vasco: dos caras de la misma moneda, dos hechos de enorme trascendencia que la pandemia, las garzonadas y una oposición desorientada acabarán empujando al cajón de la irreversibilidad
No descubro nada nuevo si digo que uno de los empeños a los que el nacionalismo centrífugo se ha entregado con mayor entusiasmo es el de eliminar los contrapesos y controles del Estado. Y nada nuevo descubro porque desde que el pueblo español sancionara con su voto la Constitución de 1978, el traspaso de competencias a los distintos territorios no fue únicamente eje imprescindible del proceso de descentralización pactado, sino que desde aquella ya lejana fecha la aceleración no siempre justificada de ese proceso, y la presión ejercida para asumir en solitario competencias compartidas o arrebatar al poder central porciones de competencias exclusivas, han sido habituales exigencias que los nacionalismos han puesto encima de la mesa a cambio de garantizar la estabilidad parlamentaria de los gobiernos de turno.
Nada nuevo salvo por un detalle: en lo esencial, la descentralización está culminada. España es el país más descentralizado de Europa. Ninguna región de la UE alcanza el nivel de autonomía de Cataluña y País Vasco. Y, sin embargo, se sigue ordeñando la vaca. Lo malo: se hace con nocturnidad, por la puerta de atrás, sin que medie debate alguno en sede parlamentaria. Y lo peor: se está haciendo con materias que forman parte de la médula del Estado. La cesión al Gobierno Vasco, en una disposición final de las que acompañan a la Ley de Presupuestos, de la totalidad de las competencias sobre los secretarios, interventores y tesoreros de la Administración Local -incluida la de su selección y nombramiento-, es el último e ilustrativo ejemplo de una dinámica irresponsable que choca abiertamente con el espíritu de nuestra Constitución, expropia derechos compartidos y atenta contra el principio de igualdad.
Estos empleados públicos, que de depender del Estado van a pasar a ser controlados por el Ejecutivo vasco si el Senado no lo remedia, han sido hasta ahora la única garantía de que “los servicios que se prestan en las entidades locales españolas se desarrollan en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia” (Ver nota del Consejo General de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local en La Postdata).
Estos funcionarios, cuya figura se creó hace más de doscientos años para contrarrestar el omnímodo poder del caciquismo, han sido y siguen siendo el principal instrumento contra una corrupción que en las últimas décadas hizo de los municipios su hábitat más natural. Con su traspaso al País Vasco, el PNV no solo consigue eliminar un insustituible mecanismo de imparcialidad; además expulsa del proceso de selección, mediante la exigencia del conocimiento del euskera como requisito para acceder a determinados puestos, a ciudadanos ajenos a la tribu, incómodos observadores y potenciales testigos de cargo.
La osadía de Toni Rodríguez
Ninguna mayoría parlamentaria es merecedora de tal nombre si se construye a costa de desmontar piezas esenciales del engranaje del Estado. Tampoco un gobierno que se precie, para garantizarse la estabilidad, puede mirar para otro lado cuando la sospecha de nepotismo, y de un indisimulado intento de blindaje ante posibles responsabilidades políticas y judiciales, parece estar detrás de determinadas decisiones tomadas por autoridades autonómicas. Es el caso de la destitución del jefe de la Comisaría General de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra, Toni Rodríguez, elocuente ejemplo de las prácticas consentidas al nacionalismo excluyente desde tiempos inmemoriales. En apariencia, Rodríguez es el arquetipo de funcionario que cree en lo que hace, en su independencia, en el respeto a las leyes y en la obediencia a los tribunales como estipulaciones inexcusables de su contrato con los ciudadanos. Cometió la osadía de ser fiel a la promesa que hizo cuando tomó posesión de su cargo. Investigó en 2019, por indicación de la Fiscalía, al entonces consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Busch, que será juzgado por un presunto delito de prevaricación gracias al trabajo realizado por la unidad que comandaba el intendente Rodríguez. ¡Hasta ahí podíamos llegar!
Lo peor de la purga en los Mossos d’Esquadra es la inacción del Gobierno de la nación; la renuncia a corregir, mediante las herramientas legales que tiene a su alcance, decisiones de enorme gravedad
Pero lo más triste no es que el independentismo haya cesado a Rodríguez sin aparente justificación objetiva y fulminado por traidor al mayor Trapero; ni que probablemente estas destituciones ralenticen -o paralicen- pesquisas relacionadas con presuntas corrupciones en ayuntamientos nacionalistas y las irregularidades, también presuntas, cometidas por la actual presidenta del Parlament, Laura Borràs, cuando era presidenta del Instituto de las Letras Catalanas. Lo más grave es la inacción del Gobierno; la renuncia a corregir, mediante las herramientas legales que tiene a su alcance, decisiones más que objetables que obstaculizan la investigación policial, interfieren en la correcta administración de la justicia y consolidan privilegios políticos intolerables en una democracia. Especial responsabilidad tiene en esta inadmisible actitud de pasividad el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien al menos debiera haber convocado con carácter de urgencia la Junta de Seguridad para tratar del asunto, pedir explicaciones y en su caso utilizar los recursos de autoridad que le atribuye la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Lamentablemente, hace tiempo que Grande-Marlaska parece haber asumido que los condicionantes electorales de Pedro Sánchez y del PSOE están muy por encima de su responsabilidad política y personal.
Purga en los Mossos y desmantelamiento sostenido y consentido del Estado en el País Vasco: dos caras de la misma moneda; dos hechos de enorme trascendencia que la pandemia, los Djokovic, garzones y una Oposición desorientada acabarán empujando al cajón de la irreversibilidad.
La postdata: “El cambio que se pretende carece de justificación”
El pasado 22 de diciembre el Consejo General de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL) hizo pública una nota (aquí texto íntegro) en la que se rechazaba la cesión al País Vasco de la totalidad de las competencias que sobre estos funcionarios corresponden hoy al Estado. Una nota que, a pesar de su enorme interés, ha pasado por las redacciones sin pena ni gloria y de la que he extraído estos significativos párrafos:
“Estos empleados públicos tienen reservado por la Ley el ejercicio de una serie de funciones en todas las Entidades Locales de España cuyo cumplimiento en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional justifica la existencia de su régimen jurídico propio y común para garantizar que su ejercicio se realiza con suficiencia técnica, independencia y objetividad. Dichas funciones son la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo -que proporcionan seguridad jurídica a los ciudadanos y aseguran la adecuación de la actuación de los poderes locales al ordenamiento jurídico- y el control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, así como de la contabilidad, la tesorería y la recaudación -que permite el control de la adecuada utilización de los recursos económicos de las Entidades Locales, en términos de legalidad, eficacia y eficiencia-“.
(…)
“El cambio que ahora se pretende -traspasando a la Comunidad Autónoma del País Vasco todas las funciones que hoy corresponden al Estado sobre la selección y formación de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional y la provisión de los puestos de trabajo a ellos reservados en su territorio, ya sea con carácter provisional o definitivo-, carece de justificación, y conduciría en la práctica a la eliminación del carácter nacional de unos funcionarios que llevan prestando servicios a las entidades locales desde hace más de doscientos años, y cien años siendo seleccionados y formados por el Estado como garantía de que los servicios que prestan en las Entidades Locales españolas se desarrollan en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia”.