EL CORREO 14/05/13
FLORENCIO DOMÍNGUEZ
La izquierda abertzale quedó satisfecha con la concentración organizada en San Sebastián para dificultar el arresto de seis militantes de Segi que tenían que ingresar en prisión y ha decidido generalizar ese tipo de actuaciones que conjugan lo que pretende ser un acto de desobediencia civil con un desafío a las instituciones.
Ahora le ha tocado el turno a Ondarroa donde se ha organizado otra concentración como la de la capital guipuzcoana con los mismos fines. El motivo oficial de esa actuación es dificultar el ingreso en prisión de una condenada por colaboración con ETA, pero tanto los organizadores como los participantes saben que no van a poder evitar que, antes o después, la acusada termine en la cárcel. Hay por medio otros objetivos: movilizar a sus bases sociales, elevar la moral de los presos al provocar movilizaciones callejeras, poner en evidencia al PNV como partido del Gobierno vasco responsable del cumplimiento de la legalidad y, si hay suerte, buscar un desliz o una actuación desafortunada de los agentes de la Ertzaintza que permita su explotación propagandística posterior.
La izquierda abertzale busca poner en marcha un movimiento de desobediencia civil que contribuya a deslegitimar a las instituciones, algo sobre lo que teorizó en abundancia a mediados de los años 90, pero que entonces no fue capaz de llevar a la práctica. El movimiento antimilitarista de aquellos años, que logró acabar con el servicio militar obligatorio, inspiró al mundo de ETA la idea de utilizar la desobediencia civil como arma contra el Estado. Hubo dos líneas de reflexión. La primera la del exdirigente etarra José Luis Álvarez Santacristina, ‘Txelis’, quien en 1995 propuso sustituir las armas por la «desobediencia civil activa». Tres años más tarde se pronunció en la misma línea Joseba Sarrionaindia. La segunda línea fue la de la propia ETA y el resto de su entorno, que concebían la desobediencia como un complemento de la actividad terrorista, nunca como un sustitutivo.
Esa concepción se hizo oficial en el documento ‘Karramarro’, elaborado por KAS y recogido por ETA en su boletín de septiembre de 1995. Cuando se constituyó Ekin, cuatro años más tarde, insistió en la misma idea. La creación de un carné vasco o la propuesta de elaborar un censo vasco fueron algunos de los intentos de plasmar la desobediencia civil, igual que la negativa a atender las citaciones judiciales de algunos dirigentes de HB, como Jon Idigoras y Floren Aoiz. Nada de aquello salió adelante ni se consolidaron los proyectos de hacer compatibles la desobediencia y las armas.
El Estado tuvo resortes suficientes para evitar que cuajaran ese tipo de comportamientos. Y los sigue teniendo en la actualidad, a pesar de la espectacularidad mediática de desafíos como los de San Sebastián y Ondarroa. A poco que se esmeren y se coordinen las instituciones, pulsos como los de estos días son perfectamente evitables.