Editorial, ABC, 3/9/12
Las fuerzas nacionalistas llaman a la independencia y convocan manifestaciones para la próxima Diada. Todo vale, menos administrar con rigor y dar cuenta de la gestión del dinero público
POR mucho que los nacionalistas catalanes pretendan desviar la atención hacia el resto de España, los datos confirman una impresión generalizada en la opinión pública: la Generalitat derrocha el dinero de todos en gastos superfluos, inaceptables en época de bonanza y sencillamente insostenibles en la crisis actual. ABC informa hoy sobre la red de empresas y entes paralelos a la administración autonómica, con un coste superior a 2.000 millones de euros anuales, 53.000 empleados y un total de 35 cargos políticos y cien directivos. Esta red paralela bordea peligrosamente la distinción entre sector público y privado, con una técnica de «minifundios» al servicio de los afines. Aparecen así personas jurídicas del más variado tipo, hasta llegar a los doscientos organismos (por ejemplo, solo en Sanidad, hay 58), que se solapan con los órganos propiamente administrativos creando recelos internos sin ningún provecho para el ciudadano. Por supuesto, muchos de ellos se solapan también con el Estado, como ocurre en meteorología, defensa de la competencia o protección de datos.
Algún economista nacionalista revestido de un supuesto prestigio afirma sin pudor que Cataluña sería una economía saneada sin el resto de España. El Ejecutivo que preside Artur Mas no tienen pudor a la hora de pedir el «rescate» a Madrid (5.023 millones de euros), al tiempo que aseguran con la mayor desfachatez que no están dispuestos a admitir controles del Estado porque ese dinero pertenece a los ciudadanos. CiU mantiene su reivindicación inadmisible de un pacto fiscal con el Estado. Las diversas fuerzas nacionalistas llaman a la independencia y convocan manifestaciones para la próxima Diada. Todo vale, menos administrar con rigor y dar cuenta de la gestión del dinero público. La posición ambigua (y a veces la abierta complicidad) del PSC refuerza un clima de confrontación con España como fórmula para perpetuarse en el poder. Mientras las agencias de calificación rebajan la deuda catalana al nivel de «bono basura», los nacionalistas siguen practicando políticas identitarias, multan a los comercios que no rotulan en catalán y hablan de «patriotismo alimentario». El propio Jordi Pujol se ha sumado a una escalada verbal que desmiente su antigua imagen —tal vez magnificada— de hombre dialogante y con sentido de Estado. Así las cosas, parece lógico que el Gobierno utilice los mecanismos que le otorga el ordenamiento jurídico para exigir el máximo rigor en las cuentas de la Generalitat.
Editorial, ABC, 3/9/12