LA DESMEDIDA ambición de poder de Francina Armengol, que tiene el dudoso mérito de haber obtenido el peor resultado histórico del PSOE en Baleares, ha convertido a los ciudadanos de las islas en rehenes del nacionalismo catalanista radical de Més y Podemos, las dos formaciones políticas que la mantienen al frente del Govern. Ayer, sin embargo, miles de esos ciudadanos salieron a la calle para oponerse al decreto que prepara el Ejecutivo balear, en el que se antepone el conocimiento del catalán a la preparación profesional y académica de los aspirantes a una plaza en la sanidad pública. Según un proyecto legislativo delirante y excluyente, los médicos y enfermeros que no tengan un determinado nivel de conocimientos del idioma tendrán restringidos los traslados, la promoción interna y el acceso a la carrera profesional. Algo que ni siquiera Puigdemont se atrevió a legislar en Cataluña. De ahí que Mos Movem, la plataforma organizadora de la protesta, eligiera como lema Los idiomas no salvan vidas para denunciar que la obsesión identitaria de Armengol no puede estar por encima de la calidad de la sanidad pública y de las necesidades reales de los habitantes de las islas.

Desde que accediera al poder en 2015, la líder socialista ha dedicado sus mayores esfuerzos políticos a convertir la comunidad autónoma en parte subsidiaria de esa ficción cultural, histórica y jurídica denominada Països Catalans. Y está dispuesta a ceder ante sus socios de gobierno, aun a costa de pisotear los derechos civiles de la mayor parte de la sociedad balear.

Con el apoyo de Més y Podemos, Armengol ha vuelto a exigir el catalán como requisito indispensable para ser funcionario, y a las empresas que quieran contratar con la administración pública les obliga a que presenten su documentación en catalán; ha cambiado el día de la festividad de la Diada de Mallorca para hacerla coincidir con el 31 de diciembre, una fecha simbólica para el independentismo catalán; ha suprimido la edición en castellano de los Premios Ciutat de Palma, ha gastado miles de euros en ayudas para medios de comunicación afines y ha restablecido las emisiones de las cadenas catalanas TV3 y Canal 33. Pero con ser grave todo esto, el mayor atentado contra los derechos de los mallorquines ha sido la derogación del trilingüismo que intentó aplicar el PP y la imposición de facto de la inmersión lingüística en los colegios, en los que es casi imposible la elección del castellano como lengua vehicular educativa.

Pedro Sánchez debería reaccionar ante esta deriva despótica y catalanista del socialismo balear, que no hace sino romper la convivencia e instaurar el enfrentamiento social. La identidad cultural ni debe imponerse ni sustituir a la gestión de los asuntos que preocupan a los mallorquines.