PEDRO JOSÉ CHACÓN DELGADO-El Correo

Con la vista oral del juicio por la agresión a dos guardias civiles –un teniente y un sargento– y a sus parejas ocurrida en Alsasua, se han puesto de manifiesto de nuevo los vicios y las inercias en que se halla sumida la política y, por ende, la sociedad vasca en este periodo que empezó con el fin anunciado por ETA el 20 de octubre de 2011 y estando ahora en vísperas de otra declaración definitiva. El concepto clave en esta ocasión está siendo el de «desproporción» para referirse a las penas que han pedido los fiscales: 375 años para los ocho encausados. Manifestaciones nutridas han clamado contra dicha desproporción, una crrítica a la que se han sumado destacadas voces de la sociedad civil, así como la presidenta de Navarra, Uxue Barkos; el alcalde de Alsasua, Javier Ollo; y nuestro lehendakari, Iñigo Urkullu.

Que lo que ocurrió en Alsasua no fue una simple pelea de bar resulta aceptable incluso para muchos de los que hablan de desproporción. Parece evidente que veinte o treinta personas en masa pegándoles a cuatro no es lo que se entiende por pelea: es más bien un intento de linchamiento. También sabemos que las lesiones fueron menores desde el punto de vista físico, aunque si las mismas se hubieran producido en un caso de violencia de género o como cuando pasaban por comisaría sospechosos de terrorismo las cosas seguramente se verían de otro modo por los mismos que ahora les quitan importancia. La cuestión es que el juicio se está sustanciando en la Audiencia Nacional porque las lesiones se han calificado como terroristas y ahí es donde se han exacerbado las peticiones de pena.

Alsasua se ha caracterizado durante mucho tiempo, en particular durante toda la legislatura anterior –de 2011 a 2015, con Bildu en la Alcaldía–, por el boicot sistemático, a cargo del colectivo Alde Hemendik (fuera de aquí), a la celebración por la Guardia Civil del día de su patrona –la Virgen del Pilar, fiesta nacional y que coincidía también con las fiestas del pueblo–, entre otros actos públicos de rechazo a la Benemérita, incluyendo el llamado ‘Ospa Eguna’, o sea, la celebración del «que se vayan». Y parece, por lo que estamos viendo en el juicio, que algunos de los acusados están directamente relacionados con todo eso y por ahí es por donde se busca la conexión con el terrorismo.

Pero mientras se dirime este asunto crucial, resulta que quien da pie si no a relacionar a los acusados con el terrorismo de ETA, sí al menos a situarlos en su cultura política y dentro del mundo de la izquierda abertzale que históricamente le ha dado amparo, es la propia defensora de los acusados, Amaia Izko. Esta letrada se hizo famosa porque consiguió tumbar la llamada ‘doctrina Parot’. Fue el 21 de octubre de 2013, cuando la Gran Sala del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo resolvió en contra del Gobierno de España y le abocó a sacar de la cárcel a 55 presos de ETA, a los que se les habría aplicado, a juicio del tribunal, de modo ilegal la modificación de beneficios penitenciarios. Eran presos condenados con anterioridad a la promulgación del llamado Código Penal de la democracia, de 1995, y por tanto solo se les podía aplicar el vigente cuando cometieron sus delitos, que era el de 1973, el último del franquismo. Así salieron a la calle ‘Kubati’, el asesino de ‘Yoyes’, tras cumplir 26 años por 13 asesinatos y otros 16 frustrados, o Jesús Mari Zabarte, el llamado ‘carnicero de Mondragón’, con 30 años de prisión por 17 asesinatos. Esto en Francia, por ejemplo, nunca hubiera pasado. Allí el etarra Mikel Karrera Sarobe purga con dos cadenas perpetuas por el asesinato del gendarme Nérin y de los guardias civiles de Capbreton.

Así que la desproporción habría que explicarla en realidad por el desajuste que un Código Penal extraordinariamente benévolo con el terrorismo ha provocado en las condenas de los acusados con anterioridad a 1995. Y si a ello le sumamos las modificaciones de 2010 o de 2015, que endurecen más las condenas por terrorismo, tenemos que los acusados en Alsasua están expuestos ahora, dicho en plata, a pagar los platos rotos por la anterior desproporción de penas que favoreció a los terroristas de antes de 1995. ¿Es esto de ahora injusto? ¿Y lo de antes lo fue? Resulta que los que ahora denuncian la desproporción de penas, empezando por nuestro lehendakari, no se alarmaron en absoluto por la desproporción que suponía –cuando salieron 55 etarras libres por la anulación de la ‘doctrina Parot’– que alguien hubiera estado en la cárcel dos años por cada asesinato cometido. Es más, a ‘Kubati’ lo recibieron en Sabin Etxea, como representante de los presos de la banda, a finales de 2016; y Urkullu, en sesión del Parlamento vasco, lo vio normal y lo justificó incluso porque es una persona que ya «ha cumplido sus penas».

Amaia Izko sabe lo que es ir hasta la última instancia del Tribunal de Estrasburgo y ganarle la partida al Estado de Derecho en España. Y seguro que ahora también acudirá hasta allí si las penas que reciban sus defendidos se acercan a las que están pidiendo los fiscales. La paradoja estriba en que los 55 presos de ETA que, gracias a ella, evitaron que se les aplicara la ‘doctrina Parot’ fueron los que hicieron que cundiera la sensación de que aquí asesinar y atentar salía muy barato. De hecho, en este caso, ya han conseguido que solo se hable de la desproporción de penas y que nadie se preocupe por los guardias civiles y sus parejas, apaleados y vejados.

PEDRO JOSÉ CHACÓN DELGADO Profesor de Historia del Pensamiento Político en la UPV/EHU