Tenía tanta prisa que sacó del fútbol a un subordinado y apremió a otros colaboradores a la voz –escrita– de «que nos ganan el relato». Del trasiego de mensajes telefónicos y de correo en unos «momentos de urgencia y gran tensión», según el instructor del sumario, se desprende que el fiscal general necesitaba disponer rápido del expediente confidencial que estaba solicitando y que fue remitido «destino Presidencia del Gobierno» en la noche de autos. La misma premura que una alta funcionaria de Moncloa trasladó luego al dirigente socialista Juan Lobato para que hiciese público el documento sobre el novio de Ayuso en un debate parlamentario. La filtración, que acabó en los periódicos porque el diputado se negó a usarla de primera mano, es susceptible de constituir un delito de revelación de datos privados, y lo que el juez de la causa parece sospechar es la posibilidad de que tanto vértigo impaciente respondiese al interés concreto de cumplir un encargo.

A medida que avanza la investigación y el número de imputados se acrecienta, el argumento oficialista de que se trataba de desmentir un bulo tiene cada vez menos consistencia. Incluso aunque fuese falsa la información transmitida previamente por el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, el responsable de la Fiscalía tiene suficiente conocimiento jurídico para saber su obligación de mantener la reserva sobre un asunto cuya publicidad podría vulnerar el derecho de defensa del ciudadano al que afecta. Detalles como el de especular con añadir «un poquito de cianuro» (sic) a la nota de prensa delatan una intencionalidad política manifiesta, por si no bastara con las instrucciones cursadas a Lobato por la entonces mano derecha de Óscar López, Pilar Sánchez Acera. No es una conjetura aleatoria; es el magistrado del Supremo quien aprecia una conexión directa entre las maniobras gubernamentales y la divulgación de una información secreta.

García Ortiz sabe también que un proceso penal no siempre necesita una ‘pistola humeante’ para emitir un veredicto. Hay numerosos antecedentes de condenas formuladas a partir de una concatenación suficiente de indicios. Por eso el borrado de mensajes y el cambio de dispositivo no se justifican sólo en la intención –ya de por sí esclarecedora– de blindarse a sí mismo como los narcos de ‘The wire’ cuando tiraban a la basura los móviles tras apañar un alijo. Hay razones para recelar que ese movimiento trataba de suprimir otra clase de vestigios, acaso referentes a las personas con quienes en los días bajo pesquisa judicial mantuvo tráfico comunicativo. Fechas en las que, oh casualidad, los servicios de seguridad del Gobierno tomaron también la decisión de renovar el terminal del presidente. Fue el propio Pedro Sánchez el autor de aquella célebre pregunta retórica de «la Fiscalía de quién depende». Lo que aún no conocemos es a quién o quiénes protege.