Con la élite dirigente entregada al clásico debate anual sobre la Constitución, cuyo artículo 27 garantiza el derecho a la educación como un pilar «del pleno desarrollo de la personalidad humana», salió esta semana la última y alarmante entrega del informe PISA sobre los estándares de calidad de la enseñanza. Nunca ha habido en España más escuelas –en muchas empiezan a sobrar plazas debido al decrecimiento de la curva demográfica– y sin embargo el sistema muestra graves y crecientes fallas en comprensión lectora y entendimiento de las matemáticas. El derecho está, pues, reconocido pero su implementación práctica sigue siendo no sólo ineficiente sino desigualitaria porque revela sensibles diferencias de éxito entre la instrucción pública y la privada. Ocurre exactamente lo mismo que con otros aspectos de la Carta Magna: se pueden y acaso se deban reformar pero ninguno de los problemas reales de la sociedad contemporánea se soluciona con una simple modificación abstracta.

Durante los bloqueos electorales de la etapa marianista aprendimos que el país marcha igual o mejor con un Gobierno en funciones, de poderes limitados. Hay millones de trabajadores responsables y de emprendedores autónomos dispuestos a fajarse mal que bien contra el expolio fiscal y las trabas del aparato burocrático. Hay miles de empresas de alta productividad empeñadas en competir con eficacia en el mercado. Hay una sólida energía civil que sólo necesita seguridad jurídica y estabilidad institucional para sobreponerse al marasmo político y al sectarismo parlamentario. Hay un dinamismo social suficiente cuyo principal obstáculo consiste en el desánimo que provocan una producción legislativa desafinada, unos mecanismos de gobernanza sobredimensionados y un triunfalismo oficial incapaz de reconocer, como en la enseñanza, los signos evidentes de declive o de fracaso.

La esfera de poder vive en una patente desviación de prioridades. Poco o nada tienen que ver los elementos clave de este mandato con las demandas de la calle, y menos que nada la agenda de amnistía y privilegios a los separatistas catalanes. El único proyecto tangible del Ejecutivo es el control de las instituciones para procurarse continuidad a sí mismo. No existe pensamiento de largo alcance, ni siquiera una idea de futuro o un programa definido salvo el de complacer las contrapartidas negociadas con intermediarios semiclandestinos. El estímulo de la confrontación entre bloques ideológicos agrieta la convivencia y crea una atmósfera irrespirable de conflictos gratuitos mientras los indicadores de progreso retroceden, las infraestructuras colapsan, los contrapesos democráticos crujen y las preocupaciones ciudadanas caen en el olvido. Los deplorables resultados de la estrategia educativa son el símbolo de un cúmulo de errores críticos que dibujan el retrato de una nación en estado de extravío.