Editorial, EL CORREO, 25/7/12
El nuevo ‘fondo de liquidez’ corre el riesgo de solventar las urgencias de la tesorería autonómica a costa de la solvencia del país
Los vencimientos de la deuda que acumula Cataluña y la financiación de su déficit requieren 7.182 millones adicionales para el presente ejercicio. El conseller Mas-Colell fue elocuente al señalar que la Generalitat no cuenta con otra entidad prestamista que el Gobierno central. Lo cual da idea de la situación en la que se halla no solo la autonomía catalana sino una mayoría de comunidades que tienen las puertas del crédito cerradas. Aunque el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, se esforzó en conferir normalidad a un posible acceso al ‘fondo de liquidez’, rechazando el término ‘rescate’ e insistiendo en que se trata de un nuevo procedimiento (ICO4), que de hecho ni siquiera ha sido habilitado todavía. El Gobierno de la Generalitat trata de desmentir ante su propia opinión pública que el recurso al nuevo fondo conlleve ajustes dictados desde Madrid y de impedir que tal operación interfiera en el propósito que alberga de dotar a Cataluña de un sistema de financiación propio y análogo al que poseen los territorios forales del País Vasco y Navarra. Los convergentes temen que la penuria financiera, lejos de afianzar en la sociedad catalana la reivindicación del ‘pacto fiscal’, debilite su posición. Tanto en lo que respecta a Cataluña como en el caso de aquellas otras autonomías y administraciones que no pueden contar ya con otro prestamista que no sea el Tesoro, el problema no se limita a la urgencia de los vencimientos inmediatos; les obliga a hacer frente a las competencias asumidas con políticas de austeridad creciente. Aunque la situación de las autonomías se vuelve acuciante para España desde el momento en que la disposición de 18.000 millones de euros como ‘fondo de liquidez’ representa una manera de mutualizar la deuda que, en vez de contribuir a que se relaje la presión de los mercados, podría incrementar la desconfianza de estos respecto a la solvencia de nuestro país. No es casual que ayer la Bolsa cerrara por debajo de 6.000 puntos y la prima de riesgo alcanzara 638, con los bonos a diez años en el 7,62%. Los gobiernos autonómicos tratan de minimizar el coste político que supone acudir a la nueva ventanilla del Tesoro ralentizando su proceso de decisión. Pero se trata de una estrategia política especulativa que incrementa minuto a minuto los costes financieros territoriales y los del conjunto de España.
Editorial, EL CORREO, 25/7/12