Uno de esos desequilibrios es una deuda gigantesca que no para de aumentar por el desfase entre el gasto público y los ingresos. A finales de junio se situó en 1,625 billones de euros, un nuevo récord histórico. Representa así el 108,2% del PIB, tres puntos por encima del objetivo del Gobierno para este ejercicio. Ese ratio ha descendido siete décimas en el segundo trimestre. No porque el volumen total se haya reducido -en realidad ha engordado en 56.239 millones en un año-, sino por el efecto de un Producto Interior Bruto más elevado gracias al brío de la economía y a la escalada del IPC. El repunte del endeudamiento era inevitable ante la necesaria aplicación de políticas expansivas frente a las consecuencias del covid y de la guerra en Ucrania. Pero no puede ser ilimitado como si antes o después no hubiese que afrontar su pago. Más aún: reducir su cuantía resulta obligado para acercarse al techo fijado por Bruselas: el 60% del PIB. Una meta inalcanzable a corto plazo, pero a la que es preciso aproximarse, lo que por muy flexible que sea la UE implicará algún tipo de ajuste.

El Gobierno carece de un plan específico para avanzar en esa dirección. Confía, además, en que el empuje de la actividad -por encima de las previsiones más optimistas- y su reflejo en la recaudación fiscal rebajen el déficit hasta el 3% este año y al 2,5% comprometido con la UE el próximo sin aplicar recortes, algo que cuestionan numerosos expertos. Unos nuevos Presupuestos en 2025, cuya aprobación no es segura, deberían servir de ayuda en esa tarea.