EL MUNDO – 07/05/15 – ARCADI ESPADA
· El discurso del populismo español, cuya transversalidad ya es manifiesta (el peligro del populismo no es lo que impone por sí mismo sino lo que impone a través de los otros) sostiene que la Transición fue un fraude moral y un sucesivo error técnico. Dada la moralidad populista, conviene fijarse en esto último. A ojos de estos adanes, bonita palabra que indica ingenuidad iniciática, pero también insondable pereza adolescente, los legisladores de la Transición fueron un hatajo de incapaces cuya obra cumbre fue una Constitución torpe, responsable de la supuesta decadencia de la nación política. No les falta razón: he aquí el artículo 47, que reconoce el derecho de los españoles a una vivienda digna. Cualquiera sabe que es el artículo responsable del gran número de desahucios que se producen cada día en España. Habría que quitarlo.
La Constitución es la pieza mayor del adanismo, pero a cualquier otra que se ponga a tiro de la actualidad le espera un destino similar. La última es el sistema electoral y es interesante ver que en su impugnación manifiesta colaboran ya los partidos mayores de edad. Los sistemas electorales son de dos tipos: mayoritario y proporcional. En los primeros la victoria del candidato en su circunscripción es absoluta y en los segundos relativa o proporcional. Esta proporcionalidad, en el caso español, no es pura, sino que viene corregida por la llamada Ley d’Hondt, que impone a las candidaturas la obligación de obtener un 3% para acceder al reparto de los escaños.
Los legisladores previeron que el sistema se adaptaría bien a las características del Estado autonómico y a la estructura de la población española. Es obvio que tiene defectos. No hay sistema electoral perfecto. IU y UPyD, por ejemplo, han salido perjudicados. Pero su perjuicio, claro está, ha sido mucho menor del que habrían soportado con un sistema mayoritario. En 30 años el cálculo del jurista belga D’Hondt ha permitido diversas mayorías, absolutas y relativas, con los dos partidos dominantes. Ha permitido una sobrerrepresentación de los partidos nacionalistas que podría haber servido, mediante el roce, para convertirlos en partidos de demócratas, si no fuera porque a D’Hondt no le encargaron el cálculo de la deslealtad. Y ahora la ley está a punto de cumplir su último servicio, que es el de facilitar el cuatripartidismo. Una pirueta sensacional después de haber sumado los 202 de Alfonso Guerra.
Cualquier inteligencia política mediana rendiría a la ley un ferviente homenaje. Por eso se plantean cambiarla.