Editorial-ABC

  • El estado político del jefe del Ejecutivo es gravísimo, por ser sostenido por un puñado de votos separatistas que ven en su debilidad su oportunidad de hacer acopio contra el Estado

Tanto La Moncloa como Ferraz se están esforzando por mantener a flote la legislatura de Sánchez, embarcado en una gira por el extranjero, tan legítima como oportunista. Los ataques desmedidos a Núñez Feijóo por la portavoz socialista, Esther Peña, son directamente proporcionales al bloqueo político del Gobierno, que busca en el líder del PP un chivo expiatorio y, sobre todo, la carnaza visceral necesaria para entretener a la militancia socialista. Apagando el estruendo de la propaganda gubernamental, lo que queda a la vista es que el Ejecutivo ha tenido que aplazar la votación del techo de gasto público porque no tenía asegurada la mayoría parlamentaria. Vuelve a tener que mendigarla en Ginebra, a un prófugo de la Justicia, con órdenes nacional y europea de busca y captura. Un Gobierno que no es capaz de asegurarse la mayoría para los Presupuestos por segundo año consecutivo no tiene más opción que constatar su inhabilitación para seguir al frente del país. La famosa ‘coalición de progreso’ no progresa, está estancada en su vicio de origen, porque nació como una sociedad mercantil para repartirse como dividendos los recursos políticos, institucionales y financieros del Estado. Por eso, Sánchez está en bancarrota política desde el momento en que no puede seguir pagando más facturas por su dependencia de Puigdemont.

España no tiene un Gobierno digno de tal nombre. Hay un hombre y un partido que ocupan el poder, cosa muy distinta de gobernar, que es atender el interés general de la nación. Cuando Sánchez afirmó que gobernaría con o sin el Parlamento, fue sincero, porque se ha desprendido de las virtudes mínimas de un dirigente democrático. La principal de ellas es respetar las instituciones creadas para el control de la acción política y la iniciativa parlamentaria. Acuartelado en La Moncloa, Sánchez se ha fugado de la democracia deliberativa y la ha sustituido por una negociación diaria del alquiler del palacio presidencial. Sólo sigue en la medida en que los nacionalistas no quieran que caiga.

También su frente familiar le apremia de tal manera que habría hecho dimitir a cualquier gobernante de una democracia europea. La Diputación de Badajoz fue nuevamente registrada ayer por orden judicial para obtener documentos sobre las posibles irregularidades fiscales y laborales del hermano del presidente del Gobierno. Con todas las prevenciones que impone la presunción de inocencia, lo que la instrucción judicial parece estar destapando es una trama de protectorado al hermano de Pedro Sánchez, burda hasta causar vergüenza ajena. Tampoco afloja el caso sobre su esposa, Begoña Gómez, quien ayer conoció el fracaso de la Fiscalía para impedir que el juez Peinado asuma la querella por la posible apropiación indebida de un programa informático que es propiedad de la Universidad Complutense. Aunque la decisión de la Audiencia de Madrid no prejuzga la que este tribunal tomará la semana que viene sobre otros recursos de la Fiscalía y de la propia investigada, ni la suerte de las querellas contra el juez en el Tribunal Superior de Madrid, lo cierto es que aumentan las dimensiones de la investigación judicial sobre la esposa del presidente del Gobierno. Y se acerca la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre el fiscal general del Estado.

Pasado por un filtro sin ruido, el diagnóstico sobre el estado político del presidente del Gobierno es crítico, precisamente por estar sostenido únicamente por la voluntad de un puñado de votos separatistas que ven en la debilidad de Sánchez su gran oportunidad de hacer acopio contra el Estado.