Nadie quiere mencionar el verbo negociar en el Gobierno. La palabra de moda es dialogar. Porque dialogar, dicen, es simplemente hablar. Y negociar, aclaran, implicaría plantear una transacción –tú renuncias a lo uno (el referéndum) y yo te doy lo otro (dinero)–, privilegio al que no acceden el resto de gobiernos regionales que no lanzan desafíos contra la Constitución y la unidad de España. Y porque, por lo visto, 46.400 millones de euros después, hay que dialogar para explicarle a la Generalitat que su rescate viene de todos los ciudadanos de España, porque no se ha debido percatar mientras contaba el dinero recibido entre 2012 y 2015. Y, además, porque en el muy reciente momento en el que acaba de pedir otros 7.500 millones gracias al sistema de solidaridad que instaura nuestra Constitución, tampoco ha debido ser consciente de que estaba exigiendo, simultáneamente, la voladura de esa misma Constitución y ese mismo sistema de solidaridad cuando los beneficiados son los demás.
Así que, aceptando esta terminología, nos podemos preguntar ¿qué se va a dialogar? Y en esa mesa de diálogo parece haber alguien –los separatistas– que no ha entendido muy bien la diferenciación terminológica que plantea el Gobierno. Básicamente porque ha pedido todo lo imaginable dentro y fuera de la ley: que el Estado se haga cargo de parte del coste de TV3; que se financie sin límite la necesidad –o no necesidad– de endeudamiento de Cataluña; inversiones en el Corredor Mediterráneo; todo un plan de infraestructuras para la red de cercanías regional; permiso para desarrollar una Justicia catalana autónoma de la del resto de españoles; la creación del Consejo de Justicia de Cataluña; rebajar prácticamente a cero la aportación al sistema de solidaridad nacional –el que permite que CCAA con menos recursos puedan tener una sanidad y educación similares a las de sus vecinos con mayores rentas–; el «respeto al modelo de escuela catalana», ese que impide la libre elección de la lengua castellana por los padres; la prevalencia del modelo lingüístico del Estatuto catalán sobre las exigencias constitucionales en todos los ámbitos; el reconocimiento de Cataluña como nación; el cese de las investigaciones judiciales a ayuntamientos por incumplir leyes; y, simplemente por mencionar una más, un referéndum separatista vinculante.
Vamos, lo que todo el mundo entendería como una mesa de diálogo de andar por casa. Sin mayor importancia que la evidencia de que todo lo pedido se resume en exigir fondos que no le corresponden –y sí a territorios y ciudadanos más necesitados– y en seguir fabricando sus estructuras de Estado. Sólo en una cosa parece coincidir la Generalitat con Moncloa: tampoco Puigdemont ve aquí negociación. Más bien amenaza y exigencia.