Editorial-El País
Mediación es pedir al Govern que vuelva a la ley y la Constitución
Proliferan estos días llamadas al diálogo, la mediación e incluso la negociación entre el Gobierno de España y el Govern catalán —nacionales, internacionales, de la sociedad civil, de autoridades, hasta de la Iglesia—. Muchas de ellas son bienintencionadas y de buena fe; otras, sin embargo, no lo son, pues claramente responden a estrategias de propaganda que buscan crear un clima de opinión que señale al Gobierno como autoritario, inflexible, cerrado al diálogo y, en último extremo, responsable de la tensión que vivimos.
A los primeros les decimos que en EL PAÍS, como no podía ser de otra manera, estamos a favor del diálogo. Por supuesto, también de la negociación como método para resolver los problemas e incluso de la mediación a cargo de terceros si esta demuestra su utilidad. Pero también les decimos que para que esas palabras no sean vacías o incluso contraproducentes con los objetivos que se quieren alcanzar, hay que definir cuidadosamente qué se entiende por diálogo, sobre qué versa la negociación y quién es un mediador legítimo. Y también les pedimos que ayuden a desenmascarar a los oportunistas del diálogo, a los que hacen política con el supuesto diálogo, cuya intención es confundir y manipular a la opinión pública para poner en riesgo aún más nuestra convivencia democrática, ya sometida a considerables tensiones. En el campo de los que se apuntan al llamado diálogo hay que anotar también a los demagogos de toda orientación, a los que se reservan el papel de bueno en todas las películas y a quienes utilizan la palabra diálogo como refugio de su equidistancia o de su banalidad. El diálogo que todos ellos proponen, lejos de ayudarnos a hablar, genera frustración entre los ciudadanos y desprestigia un método de tantísimo valor.
El verdadero diálogo, mediación o negociación no es un mero acto de voluntad y tiene que darse en circunstancias que permitan al menos augurar un resultado. No se puede hacer para la galería, sino con sincera disposición al acuerdo. Ha de ser realista, respetando las reglas de juego y con planteamientos acordes con objetivos factibles. El diálogo que apoyamos en el caso de Cataluña solo puede tener lugar una vez que se restaure el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones democráticas. Esa es la prioridad absoluta e innegociable a la que ningún Estado democrático puede renunciar. Lo contrario sería someterse a un chantaje basado en la presión callejera, la ilegalidad más flagrante o la apropiación de las instituciones de todos para ponerlas al fin de la subversión del Estado de derecho.
Hoy por hoy, la Constitución española no solo no ampara el derecho de secesión, sino que obliga a todos los poderes del Estado a preservar la unidad del Estado y garantizar que la soberanía siga en manos de todo el pueblo español. Aceptar un diálogo, mediación o negociación conducente a un referéndum legal y pactado que incluyera la opción vinculante de la secesión de Cataluña supondría abrir una negociación de reforma constitucional entre el Gobierno español y la Generalitat de Cataluña, cosa que el Gobierno no puede hacer unilateralmente y menos bajo presión o mediación internacional. El único sujeto que puede reformar la Constitución es el Congreso de los Diputados —donde, por cierto, también están representados los catalanes—, a lo que habría que sumar la ciudadanía española, que preceptivamente debería ser consultada en referéndum. Culpar al Gobierno por no prestarse a ese supuesto diálogo es una falsificación de la realidad. Rajoy no puede ni debe negociar nuestra Constitución. Nadie debería confundir la demanda reiterada por nuestra parte de un proyecto político ambicioso y generoso por parte del Ejecutivo con una sugerencia a un diálogo sobre aquello de lo que no puede dialogar.
Alentar las esperanzas de que el diálogo ayudará a la causa independentista es un grave error. Como se demostró el miércoles en el Parlamento Europeo, la mediación más útil que se puede hacer, y que el resto de las fuerzas políticas con representación parlamentaria e instituciones de la sociedad tiene que imitar, es recordar al Govern que el camino de la declaración unilateral de independencia no tiene ningún recorrido, ni en España ni fuera de ella, y que sería un absoluto disparate que provocaría daños considerables, políticos, económicos y de convivencia. Ese es el papel de Europa, no otro; desde luego, no la absurda función de mediador que Iglesias o Colau pretenden para negar la soberanía de España. Instar al Govern a volver a la Constitución y a la legalidad para plantear dentro de ella sus demandas de mejor o mayor autogobierno es el mejor favor que todos los demócratas, dentro y fuera de España, pueden hacer a nuestra democracia y a nuestra convivencia. Con ese objetivo, dialogar sí, negociar también, mediar también. Dentro de la Constitución, incluso para cambiarla.