EL CORREO 08/04/14
· La Fundación de Víctimas que preside Blanco y la Diputación recogen en un informe cada crimen y piden colaboración para aclararlos.
Dieciocho de los 45 asesinatos –un cuarenta por ciento– cometidos por ETA en Álava se encuentran sin resolver. Los 27 restantes tienen sentencia, y de entre los que carecen de ella, el primero, el que acabó con la vida del taxista Germán Aguirre, el 12 de octubre de 1975 en Legutiano, quedó amnistiado al amparo de la ley de 1977. Todos estos datos forman parte del informe ‘Asesinatos de ETA en Álava’, elaborado por la Fundación Víctimas de Terrorismo por encargo de la Diputación foral y que ayer fue presentado por sus máximos representantes, Mari Mar Blanco y Javier de Andrés, respectivamente.
La Diputación solicitó este trabajo para conseguir «el esclarecimiento de lo sucedido» incorporando, «por primera vez, el análisis de la situación judicial», explicó De Andrés, que destacó que existe «una perspectiva nueva sobre la investigación», añadió.
El motivo por el que se encargó el informe, el primero de carácter provincial, es «básicamente un compromiso moral, ético, con aquéllos que han padecido la barbarie del terrorismo», expresó el diputado, convencido de que la documentación «más fiable y verídica son las sentencias judiciales» y de que hay que seguir trabajando para aclarar los casos en los que todavía se desconoce quiénes fueron los asesinos.
«A nivel nacional son más 300», detalló Blanco, quien resaltó que el encargo de la Diputación «demuestra el compromiso serio, firme y contundente» de este organismo con las víctimas y «también con la verdad y la justicia».
El trabajo repasa los 45 asesinatos, cometidos entre 1975 y 2008, el último. Éste sucedió, como el primero, en Legutiano el 14 de mayo de ese año y acabó con la vida del guardia civil Juan Manuel Piñuel. Entre uno y otro se produjeron 43 crímenes más, de los que diecisiete –más el amnistiado– siguen impunes. Seis corresponden a muertes en 1978 –Joaquín Ramos, Miguel Raya, José Vicente del Val, José Antonio Ferreiro, Saturnino Sota y José Luis Vicente–, uno de 1979 –Sergio Borrajo–, tres de 1980 –Joaquín Becerra, Basilio Altuna y José Ignacio Ustarán–, uno de 1981 –Félix Galíndez–, otro de 1982 –Francisco González–, tres de 1984 –Victoriano Collado, Agustín David Pascual y José Luis Vega– y dos de 1985 –Carlos Díaz y Fernando Amor–.
Final basado en la justicia
Esos asesinatos fueron cometidos, «en su mayoría», contra miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, pero también contra civiles «a los que acusaban de chivatos o de colaboración» con la Policía «como macabras justificaciones», explicó Blanco, que incidió en la importancia de conocer a todos los culpables porque «la inocencia de la víctima tiene su correlatividad en la culpabilidad del victimario».
La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo considera que es necesario continuar haciendo un esfuerzo para tratar de aclarar todos los crímenes porque «el final del terrorismo nunca podrá estar sustentado en la impunidad, sino que tiene que estar basado en la justicia para con las víctimas».
Mari Mar Blanco hizo incluso un llamamiento a la «colaboración ciudadana», así como al apoyo a las instituciones y a las fuerzas de seguridad. Desde su condición de presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, afirmó que «si realmente el terrorista está arrepentido, la mejor muestra de ello no es sólo la petición de perdón sino que colabore con la Justicia». Blanco fue más lejos al considerar que esa colaboración debería ser «una exigencia formal» de cara a la reinserción en la sociedad del terrorista que se ha arrepentido.
Blanco cree que el nuevo asesor «será del ámbito de Fernández»
Mari Mar Blanco, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, mostró ayer su preocupación por la situación que se generará a raíz de la destitución, la pasada semana, de Txema Urkijo de su cargo de asesor de la Secretaría General de Paz y Convivencia. Durante la presentación del informe ‘Asesinatos de ETA en Álava’, recordó que él era «la única persona que se ha puesto en contacto conmigo desde que soy presidenta de la Fundación y tuvo lugar el cambio de gobierno» en Euskadi.
Blanco admitió que en su relación con Urkijo «había muchísimos puntos en los que no llegábamos a acuerdos», pero insistió en que la situación «me preocupa mucho» porque, a pesar de que no se conoce la identidad de quién sustituirá al exasesor en la atención a las víctimas, ella supone que «será del ámbito de Jonan Fernández», secretario general de Paz y Convivencia. Y ahí reside el motivo de su inquietud, porque «la estrategia que quiere Jonan Fernández es la de utilizar la vieja teoría del conflicto vasco, de querer hacer un ‘totum revolutum’ de víctimas de cara al final de terrorismo». Blanco afirmó que «el camino que quiere llevar es de la ambigüedad y la equidistancia».
Lejos de compartir que Urkijo «hubiera guardado una carta (del preso arrepentido Kepa Pikabea a la víctima de ETA Miguel Ángel Madariaga) que hubiera permitido esclarecer hace tiempo un crimen de ETA», reiteró que, «dicho esto», el ex asesor era «la única persona que ha mostrado el más mínimo interés por nuestras inquietudes y preocupaciones». Y lamentó que «no queda ningún representante (en el Ejecutivo vasco) que quiera hacer de enlace» para defender los intereses de las diferentes asociaciones y fundaciones de víctimas.
El diputado general de Álava, Javier de Andrés, por su parte, calificó como «un error» elegir el modelo que abandera Jonan Fernández, «porque es el que más distanciado está de las víctimas del terrorismo». Además, recordó que el secretario de Paz y antiguo líder de Elkarri «es uno de los que suscribieron el Pacto de Lizarra» y que posteriormente «no ha mostrado desafección con aquel documento que firmó con la banda terrorista». Por ello, entiende que es «difícil que una persona con ese historial vaya a lograr la reconciliación o vaya a trasladar calma y proximidad a las víctimas del terrorismo».
EL CORREO 08/04/14