Santiago González, EL MUNDO, 31/10/12
Hace 10 años y un mes, el lehendakari Ibarretxe anunció en el Parlamento vasco el Plan que llevó su nombre, una propuesta que se sustentaba en «las bases jurídicas y políticas» que se emplean en Europa «para resolver, pacífica y democráticamente, los conflictos que se derivan de la existencia de hechos nacionales diferenciados en el seno de un mismo Estado».
La entonces presidenta de los europarlamentarios socialistas españoles, Rosa Díez, escribió al presidente de la Comisión, Romano Prodi, para preguntarle si la propuesta del lehendakari tenía relación con las bases jurídicas de la construcción europea. La respuesta fue: «No, el Tratado de la Unión no puede, en ningún caso, constituir la base jurídica que ampare la propuesta presentada por el Sr. Ibarretxe en el Parlamento regional el 27 de sep- tiembre de 2002».
El 23 de octubre de 2002, Ibarretxe declaraba: «Mienten al decir que la UE ha rechazado mi propuesta. […] Lo que [la UE] dice en su pronunciamiento es: ‘Oigan ustedes, arréglense entre ustedes, resuelvan entre ustedes los problemas y punto, y eso es lo que estamos pretendiendo hacer’».
La historia se repite 10 años después. Artur Mas, que es como Ibarretxe, pero en tonos grises, ha repetido en estos días: «Debemos tener un Estado propio que nos permita progresar […] y situarnos junto al resto de las naciones de Europa». El secretario de Estado de Exteriores, Iñigo Méndez de Vigo, escribió una carta a la vicepresidenta de la Comisión para que aclarase unas manifestaciones ambiguas. Y Viviane Reding respondió: «Quiero que no quede ninguna duda sobre mi posición, que es igual a la expresada por el presidente Barroso […] y que coincido plenamente en el análisis del marco constitucional europeo que desarrollas en tu carta».
«El problema es que la UE atenderá el veto del Estado miembro, como no podía ser de otra manera»
Durão Barroso se había expresado hace pocos meses con las mismas palabras que usó Prodi en 2004: «Cuando un territorio de un Estado miembro deja de ser parte de ese Estado, los tratados de la UE no se aplicarán a dicho territorio».
El portavoz de la Generalitat, que es como su presidente, pero sin el don de la palabra, no ha concedido ninguna importancia a la carta de la vicepresidenta Reding: en la UE «no hay una posición clara y definida porque no hay nada planteado formalmente por parte de Cataluña».
Efectivamente, ningún planteamiento, ninguna formalidad. El problema es que la secesión unilateral de una parte de un Estado, la misma palabra lo dice, se hace sin el acuerdo de dicho Estado, y que la UE atenderá la voz y el veto del Estado miembro, como no puede ser de otra manera. La carta ha servido al menos para que a Duran Lleida se le haya pasado la rauxa y haya dado la razón a Viviane Reding. Él tampoco había pensado que entre su voluntad de Estado catalán en Europa y su cargo de presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados hay una incompatibilidad moral. Es como ser independentista y querer seguir jugando en la liga española. Ah, que era interdependencia lo que querían decir.
Santiago González, EL MUNDO, 31/10/12