ABC 01/02/13
· Feliciano Sánchez, el padre que hay tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) del pasado día 26, que obliga a la Generalitat a ofrecer enseñanza bilingüe en Cataluña pero sin modificar la inmersión, es el primero de una serie de padres coraje que llevan casi una década reclamando «justicia lingüística» para sus hijos. Todos esperan que el alto tribunal se pronuncie respecto a sus reclamaciones.
Consuelo Santos, Marina Gala y Enrique López, con una trayectoria judicial similar, le siguieron en la lucha y están en puertas de recibir una respuesta del mismo tribunal, que se augura en idénticos términos. Se sienten cansados y valoran el fallo, que es irrecurrible, como «un paso atrás importante», aunque no están dispuestos a tirar la toalla y dirigen ahora el foco hacia la justicia europea.
Un derecho constitucional
Todos ellos reclamaron hace años a la consejería de Enseñanza de la Generalitat una educación bilingüe para sus hijos apelando a un derecho constitucional (el artículo 3.1 de la Carta Magna establece que «el castellano es lengua oficial del Estado») y ninguno lo ha conseguido pese a que sentencias firmes del Tribunal Constitucional (la del Estatuto del 21 de julio de 2010) y del Supremo (la de diciembre de 2010 y otras de mayo de 2011) avalan su reclamación. La Generalitat ha hecho oídos sordos a las reiteradas sentencias que instan a Cataluña a modificar el actual modelo lingüístico educativo para que el castellano tenga también la consideración de lengua vehicular, y se ha limitado a aplicar la interpretación más restrictiva de los fallos ofreciendo solo acceso a una educación bilingüe a los casos que tienen reconocido ese derecho por la vía judicial.
Esa opción, bautizada en las sentencias como «atención lingüística individualizada» y que durante años ha sido replicada por los padres — aclarar las dudas al alumno en castellano dentro de un aula donde se aplica la inmersión—, no satisface ni a los demandantes ni ha sido avalada por la justicia en numerosos fallos, aunque es lo máximo que han conseguido tras un largo vía crucis judicial.
Los hijos de Consuelo, Marina y Enrique se sienten desde hace años como «extraños» en una «dictadura lingüística», donde todas las clases se imparten en la lengua autonómica. A estos padres, la Generalitat les concedió la posibilidad de utilizar en clase el material en castellano para algunas asignaturas. «Curiosamente, Música y Plástica», denuncia Santos.
«Cerrada la puerta del TS, nos queda Estrasburgo», CONSUELO SANTOS MADRE DEMANDANTE
Consuelo Santos nunca ha pretendido cambiar el sistema lingüístico. «Solo quiero que el derecho de otros niños no invada el de los míos», afirma en declaraciones a ABC. Su pulso con la Generalitat comenzó en 2005 y pese a tener varias sentencias del Tribunal Supremo (TS) a favor de su causa, no ha logrado que su hija Lydia reciba clases en catalán y castellano, solo atención individualizada y, según dice, «a medias». El último fallo del TS ha desvanecido las pocas esperanzas que tenía de que se cumpliera la sentencia de diciembre de 2010 de este mismo tribunal, que abría la puerta a cambiar el sistema lingúístico para garantizar el derecho la escolarización en las dos lenguas oficiales. «Es una vuelta al principio», se queja.
Pese al jarro de agua fría está dispuesta a seguir batallando y avanza que «cerrada la puerta del TS» reconducirá sus reclamaciones hacia Europa. «Mi siguiente objetivo es Estrasburgo, no voy a detenerme», asegura. A su juicio, la interpretación de Convivencia Cívica Catalana (CCC), entidad que ha amparado legalmente a los padres, de que el fallo abre la puerta a que el derecho a ser escolarizado en castellano se extienda al aula, no es garantía porque «el Govern no lo cumpliría».
«No me rendiré, otros comienzan ahora la lucha». MARINA GALA MADRE DEMANDANTE
Lleva más de una década en la «trinchera lingüística» y no está dispuesta a rendirse ahora. Marina Gala, madre de ocho hijos, ha luchado durante muchos años para que sus dos hijas Belén y Leticia, que ahora ya cursan Bachillerato, puedan aprender en catalán y en castellano. «Los padres que pedimos este derecho no somos unos ultras. No queremos que nuestros hijos estudien solo en español, sino que tengan una educación bilingüe», dice Marina, quien avanza que no abandonará «porque otros comienzan ahora la lucha».
A su juicio, la última sentencia del TS «da alas a la Generalitat para seguir incumpliendo las sentencias firmes». Sus hijas, que el año pasado cursaban ESO, debían, por ley, recibir atención individualizada y la recibieron pero, tal como ha denunciado reiteradamente en ABC, «que un profesor resuelva dudas en castellano no es una buena opción». Ante la actual situación, y pensando en que su caso puede ser el siguiente en ser sentenciado por el Supremo, esta madre ha decidido elegir escrupulosamente un colegio en el que haya muchos alumnos y profesores castellanohablantes. «Mis hijas reciben alguna clase en español pero no por lo de la atención individualizada», concluye.
«La atención individualizada es una gran burla». ENRIQUE LÓPEZ PADRE DEMANDANTE
El reciente fallo del Tribunal Supremo ha causado en Enrique López, uno de los padres que están en puertas de recibir la sentencia de este mismo tribunal, una sensación ambivalente. Por un lado, según afirma, ratifica la obligación a la Generalitat para que ofrezca enseñanza bilingüe a quienes lo pidan, aunque, a su juicio, en esa misma concesión está la trampa, ya que no entra a modificar el actual sistema lingüístico.
«Todo es una gran burla, especialmente lo de la atención individualizada», afirma en declaraciones a este diario. Él y otros padres lo han sufrido y denunciado reiteradamente ante los medios. «Que se deje preguntar alguna duda a un alumno al final de la clase y tenga solo derecho a recibir la respuesta en castellano no me parece ningún mérito y, además, marca al estudiante dentro de la clase», apunta. La consejería emitió en mayo de 2012 una resolución en la que se comprometía a «ofrecer una atención lingüística individualizada» a su hijo Ossian solo en tres materias, «Tecnología, Matemáticas y Ciencias Experimentales». Establece también la obligatoriedad de «facilitarle los libros de texto, si los hay». Según López, el Gobierno catalán no cumple ni su propia orden.
ABC 01/02/13