No, ministra Alegría, no es difícil de entender lo que hacen ‘algunos jueces’. Los jueces, todos, no algunos, abren diligencias cuando reciben una denuncia, y en su caso instruyen un sumario y mandan a la Policía Judicial –la UCO, eso sí se entiende, ¿verdad?– a investigar indicios. Indicios susceptibles de funcionar como pruebas, que en rigor técnico sólo son tales cuando un tribunal juzgador así las considera y se basa en ellas para emitir una condena. Esto es fácil de entender sin necesidad de estudiar derecho ni ser una minerva porque son conceptos elementales al alcance de cualquiera. Y de hecho la ministra Alegría lo sabe, pero alguien le ha ordenado que siembre confusión a conciencia y deslice sospechas de prevaricación de los magistrados, como si eso fuese buena idea. Quizá porque lo que preocupa en la Moncloa no es la suerte penal de García Ortiz, a quien el discurso gubernamental está complicando la defensa, sino construir una realidad paralela, la de una conspiración judicial a favor de los intereses de la derecha, para intentar que se la crean esos votantes sectarios incapaces de pensar por su cuenta. Ese ‘relato’ alternativo que pergeñan unos escribidores de vía estrecha para que lo repitan sin pestañeos la portavoz del Ejecutivo y sus colegas, reducidos a meros ventrílocuos de voz prestada, ajena, confiando en obtener la benevolencia del líder a cuyos arbitrarios designios han subordinado sus carreras.

Lo difícil de entender es que un Gobierno entero, donde hay algunas personas de pasado respetable, se involucre hasta el fondo en la desesperada, suicida táctica de autoprotección del presidente y de sus familiares con problemas en los tribunales. Ese fenómeno de abducción constituye sin duda un éxito de Pedro Sánchez. Porque todos los miembros del Gabinete conocen mejor que nadie –y a menudo sufren en sus carnes– el carácter del personaje, y son conscientes de que este cierre filas acabará por arrastrarlos a la catástrofe en el hipotético caso de que el líder no prescinda de ellos antes. Quizá el servilismo los haya empujado a sobrevalorar sus cualidades, o tal vez estén convencidos de que han ido tan lejos que sólo les queda el recurso de seguir mintiendo incluso por encima de posibilidades, con la vaga esperanza de que la tormenta de escándalos escampe y al menos puedan tomar la iniciativa del engaño en vez de humillarse con esos argumentarios de corto alcance, esas zafias consignas destinadas a negar evidencias aplastantes para cualquier ciudadano de capacidades cognitivas normales. Se podría pensar que se trata del hechizo del poder, esa sensación tan humana de superioridad subyugante, pero es que ni siquiera tienen poder ‘estricto sensu’ porque ése sólo lo ejerce el que los envía a dar la cara para salvar sus propias responsabilidades y hasta correr por él, como el fiscal general, el riesgo de la cárcel.