ABC, 11/10/11
En el mejor de los escenarios posibles, el juicio de Batasuna y las «herriko tabernas» no se celebrará hasta finales de 2012. Se habrán cumplido entonces más de diez años desde que el juez Baltasar Garzón comenzó a investigar la financiación de ETA a través de la red de «herrikos», controlada por el partido hoy ilegalizado. Una ingente y caótica instrucción judicial, periodos en los que la causa estuvo completamente parada, el cambio de fiscales y cuestiones meramente formales han provocado que el juicio contra las finanzas de la banda terrorista se retrase al menos cuatro años respecto a la fecha prevista.
Cuando en abril de 2008 Garzón concluyó el sumario de las «herrikos» se esperaba que la vista se celebrara en la primavera de 2009. La personación —en concepto de responsables civiles— de los representantes legales de muchos de estos locales acusados de financiar a ETA está convirtiendo una causa ya de por sí caótica en «ingobernable», según reconocen fuentes de la Audiencia Nacional, que recuerdan que el sumario de Batasuna se compone de 800 tomos.
Beneficios considerables
A las dificultades propias que conlleva organizar un juicio con 40 procesados y más de un centenar de responsables civiles se une el hecho de que cada día que pasa beneficia más a los 40 acusados de integración en ETA. Y ello porque a estas alturas nadie discute que cuando llegue el momento se beneficiarán, si son condenados, de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas (retraso injustificado). Lo que está por ver es si esta circunstancia se apreciaría como atenuante simple o muy cualificada. En el primero de los casos la sentencia podría rebajar a 8 años de cárcel el máximo de 12 que pide el fiscal; en el segundo, hasta los cuatro años. La cuestión no es baladí, pues los acusados que han estado en la cárcel por esta causa han agotado ya el máximo de prisión preventiva (cuatro años), por lo que si fueran condenados, ya no tendrían que volver a prisión.
La otra pata de este sumario, la red de «herrikos», a las que se atribuye la responsabilidad civil derivada del delito (del que responderían penalmente los 40 acusados), ya llevan cuatro años beneficiándose del retraso en la celebración de este juicio. Como informó ABC la semana pasada, gracias a esta dilación los 114 establecimientos vinculados a ETA han movido en los últimos cuatro años 60 millones de euros. La prórroga de la clausura temporal de estos locales (como medida cautelar) venció en 2007. Y como recuerdan las fuentes antes citadas, no se puede hacer nada hasta que se dicte la sentencia que ordene, en su caso, su clausura definitiva tras la disolución de las sociedades que los sustentan.
El principal problema de este sumario es el planteamiento que del mismo hizo el juez instructor, Baltasar Garzón, cuando en 2002 abrió una investigación a raíz de la detención de once personas acusadas de elaborar un plan de financiación —ideado por ETA— a través de las «herriko tabernas». Ese mismo año suspendía las actividades de Batasuna y acordaba la clausura temporal de los locales. El magistrado optó por «ir metiendo en esta causa todo lo que no era aparato militar», es decir, todo lo que no era ETA propiamente dicha. Así, con el paso de los años, el sumario de Batasuna fue acaparando todo lo relacionado con el entorno de la banda terrorista. Luego, señalan fuentes de la Audiencia, cuando alguna investigación de las de la «causa madre» gozaba ya de una «mínima solvencia», el juez la desgajaba y la convertía en un procedimiento autónomo, como sucedió con el sumario de ANV y PCTV.
Sucesión de fiscales
El sumario continuó instruyéndose hasta el 1 de abril de 2008, pero no fueron seis años de investigación activa. El «proceso de paz», aquel que llevó a Otegi a apelar al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, cuando Grande-Marlaska (en sustitución de Garzón) ordenó su ingreso en prisión, coincidió con varios parones en la instrucción. Y también con cambios en los fiscales del caso justo en los momentos en los que el Ministerio Público se mostraba menos beligerante con el entorno de ETA. Hasta seis fiscales han pasado por esta causa: Enrique Molina, Juan Moral, Jesús Alonso, Juan Antonio Jabaloy, Vicente González Mota y Carlos Bautista. Los dos primeros, los que más la conocían por el tiempo dedicado, ya están fuera de la Fiscalía de la Audiencia.
El segundo motivo que provocó el retraso nada desdeñable de casi un año y medio en la celebración del juicio fue cuando Garzón elevó a la Sala (a la Sección Segunda de lo Penal) el sumario de Batasuna en 2008. Ya se había anunciado que el traslado de los 800 tomos sería «progresivo», pero no que aquello iba a ser tan «caótico». «Los tomos estuvieron durante todo ese tiempo subiendo y bajando las escaleras de la Audiencia Nacional. La Sala se lo devolvía a Garzón; Garzón lo subía a la Sala… Así hasta que la Sección Segunda instó al Juzgado a que hiciera “inventario” de la instrucción realizada por el magistrado», prosiguen esas fuentes. Por entonces, se dijo que el juicio se celebraría en la primavera del año siguiente.
Pero en 2009 fueron aspectos puramente formales y estrategias de las defensas los que dilataron el proceso: la Sección Segunda resolvía los artículos de previo pronunciamiento (cuestiones planteadas antes del juicio) tras un parón de tres meses por la recusación planteada contra los magistrados Enrique López, Ángel Hurtado y Julio de Diego. Fueron rechazadas de plano.
En abril de 2010 la Fiscalía presentaba su escrito de acusación, del que a lo largo del presente año se ha dado traslado a los representantes legales de las 114 «herrikos» acusadas de financiar a ETA. Tras comunicarles que podían ser declarados responsables civiles, la mayoría ha decidido personarse ante un posible embargo.
ABC, 11/10/11