En su última novela, Santiago Posteguillo pone en boca de Mario Cayo, tío y maestro de Julio César, la siguiente frase: «Cuando hay una crisis grave, no es momento de disputas políticas». Primero hay que resolver la crisis, luego ya habrá tiempo de política. Solo los malvados o los imbéciles ponen la política por delante en tiempo de grave crisis.

No se por qué, pero la frase me ha sonado actual. Según avanza el verano -aproveche si puede, que esto se acaba-, crece la intensidad de los asuntos económicos. Esta semana hemos tenido dos importantes. Uno es la subida del salario mínimo que el Gobierno ve como de estricta justicia, entre otras razones porque lo es y quienes lo pagan, empresarios y autónomos, recelan de sus efectos y dudan de sus posibilidades. El Gobierno no tiene que pactarla con nadie y sería la quinta vez que sucedería desde 2018, aunque la inflación desbocada haya arruinado su efecto real sobre la capacidad de compra de quienes lo perciben. En una actitud difícil de comprender, la vicepresidenta segunda se ha mostrado rotunda -«sin duda, vamos a subir el SMI»- y ha arengado a los sindicatos para movilizarlos en contra de la patronal.

No son momentos de imposición sino de diálogo y altura de miras por ambas partes. Máxime cuando tenemos que retomar pronto las negociaciones del acuerdo sobre la negociación colectiva y, ¿por qué no? del tan necesario pacto de rentas. Los sindicatos han mostrado una actitud responsable hasta la mansedumbre cuando se han enfrentado a las actuaciones del Ejecutivo en medio de una situación económica muy complicada y no parece muy coherente eso de azuzarles ahora contra la patronal. Se inicia un nuevo ciclo electoral -¿se había terminado el anterior?- y parece que Yolanda Díaz necesita ubicar en él su disputado proyecto personal.

Ante la amenaza que puede suponer esta nueva subida para el nivel de empleo, la patronal ofrece dos medidas como alternativa para que los trabajadores recuperen capacidad de compra. Consisten en deflactar las tarifas de IRPF, al menos en sus niveles inferiores, y reducir la parte de las cotizaciones sociales que corresponden a los trabajadores. Los efectos sobre sus bolsillos serían similares, pero, para el sistema, serían diferentes. Esto supondría una merma de los ingresos fiscales, mientras que la idea del Gobierno implicaría ‘solo’ una disminución de los márgenes empresariales, aunque es evidente que el precio (los salarios) puede dañar la cantidad (el empleo). La política o la crisis, el dilema que planteaba Cayo Mario.

El segundo tema es la pérdida de la paridad del euro frente al dólar. Los efectos son fáciles de identificar: un mayor estímulo para exportar y un abaratamiento del gasto que realizan los turistas que llegan de fuera del área euro por un lado y un severo encarecimiento de las importaciones por otro. En tiempos normales, la ecuación podría resultar equilibrada, o incluso favorable, pero ahora estamos abocados a importar una gran parte de la cara energía que consumimos y lo último que necesitamos es encarecerla aún más por culpa de la devaluación que sufre el euro.

Si los efectos están claros, las causas son relevantes. El nivel de los tipos de interés es diferente y la mayor altura de los americanos supone un atractivo para el ahorro mundial que compra dólares y vende euros. Un movimiento que puede acelerarse en los próximos meses ante la reticencia del Banco Central Europeo a moverse a la misma velocidad que sus colegas de la Fed. Y luego está el impacto de las expectativas -¡qué haríamos los economistas sin ellas!- que vislumbran malos tiempos para Alemania y Francia, es decir para la UE.

En marzo, la Fed previó un cambio de 1,12 para el dólar/euro. ¡Qué alivio! Si los listos se equivocan así, ¿qué quiere que hagamos los simples?