Llevamos más de un año de agitada legislatura y no se ha dado ningún caso. Hemos votado y no sólo es que nadie haya dimitido, la realidad es que nada de cuanto se había prometido a lo largo de una campaña repleta de proyectos, y una vez constituidas las cámaras y formado un Gobierno de concepción surrealista, todo lo que hemos votado ha caído en el olvido. Es bastante probable que la explicación sea la ignorancia de quienes incluyen los partidos como comparsas de sus aspirantes al poder, cuyos méritos y garantías es saber escuchar, sin necesidad de asumir criterios propios, sólo pronunciar las palabras sí o no o abstención, según señale el dedo del jefe. El criterio propio no cuenta ni permite expresarlo sin riesgos de perder el empleo.

Así puede explicarse que durante trece meses de debates, el partido que asume el Ejecutivo haya expresado su punto de vista entre tantos polémicos asuntos que hubo que afrontar, desde la amnistía a un golpista hasta decisiones de trascendencia política o diplomática. Las críticas que la calle hace del Gobierno y particularmente de su presidente, Pedro Sánchez, son adjudicadas a la oposición cuando debería ser al contrario: la oposición está para argumentar en contra y criticar cuando sobre algo discrepa, lo cual en el Parlamento muchos de los diputados ignoran cómo hacerlo con el respeto que merecen las opiniones ajenas y la educación con que debemos tratarnos.

Claro que tampoco es frecuente que los diputados, senadores y ciudadanos en general gocen en España de información de lo que hace el presidente y lo que propone hacer: lo mismo se entregó la soberanía del Sáhara a Marruecos o se reconoció el Estado de Palestina.

Las oportunidades de algunos políticos o altos funcionarios para dar ejemplo de su responsabilidad en sus altos cargos son frecuentes en Europa y en España una excepción. El propio presidente del Gobierno se ha negado a dimitir lo mismo ante problemas sensibles familiares o respaldando en el cargo al fiscal general del Estado, que también escucha con oídos sordos la decisión del Tribunal Supremo de reconocer que su continuidad en el cargo es una afrenta a la Justicia y al Estado.