EL MUNDO 25/06/13
· La Abogacía del Estado analiza los pagos de ayuntamientos catalanes a la Asociación de Municipios por la Independencia.
Cientos de ayuntamientos catalanes pueden estar financiando con dinero público actos destinados a apoyar tanto la consulta soberanista como la senda hacia la independencia. Lo hacen a través de la cuota establecida para poder formar parte de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), una plataforma creada en 2011 para dar mayor empuje social a las reivindicaciones independentistas. Por ejemplo, a través de iniciativas como la insumisión fiscal a la Agencia Tributaria o el bautizado como Concierto por la Libertad, que se celebrará el día 29 de junio en el Camp Nou y en el que actuarán Lluís Llach, Dyango, Paco Ibáñez y otros. Un acto en el que la AMI figura como organizadora.
Hasta 668 municipios de los 947 que tiene en total Cataluña ya se han adherido, por mayoría absoluta en sus plenos, a la AMI, la cual incluye en sus estatutos la recaudación por parte de los socios de «al menos» una cuota anual pactada y de obligado pago para «sostener económicamente a la asociación», y cuyo montante total se fija en proporción de la población empadronada en cada uno de los municipios. Así, los ayuntamientos de menos habitantes abonan varios cientos de euros al proyecto, mientras que los de mayor tamaño, como Vic (Barcelona) o Gerona, ven elevada esa cifra hasta los miles de euros.
Ése es el caso de Vic –su alcalde, Josep Maria Vila d’Abadal, es fundador de la AMI–, cuya junta de gobierno aprobó pagar hasta 3.600 euros a la plataforma independentista. Una inversión de dinero público que, según confirmaron ayer fuentes de la Delegación del Gobierno, ya está en manos de la Abogacía del Estado para que valore si el municipio estaría vulnerando sus competencias al utilizar fondos públicos para fines que trascienden el interés de sus vecinos y se destinan a iniciativas ideológicas. En caso de ser así, la Abogacía asesoraría a la delegada del Gobierno, Llanos de Luna, sobre cómo proceder para frenar la iniciativa y sancionar o llevar a juicio a los responsables de la vulneración.
La ofensiva de la Delegación contra los municipios que estarían sosteniendo económicamente a la AMI y las iniciativas que ésta organiza no se queda ahí. Según publicó el diario ABC, la propia Llanos de Luna habría enviado un requerimiento escrito a la alcaldesa de Begues, Mercè Esteve (CiU), reclamándole información sobre el pago de cuotas con dinero público a la plataforma y que se traduciría en el ingreso de unos 745 euros anuales. El escrito exige a Esteve que traslade en el plazo de 20 días toda la información sobre el Pleno en que el se aprobó una medida que, como en el caso de Vic, podría vulnerar la jurisprudencia existente sobre competencias locales.
El documento enviado desde la Delegación del Gobierno recuerda que un informe de la Abogacía del Estado recoge dos sentencias redactadas por el Tribunal Supremo (TS) en 2006, en las que se constata que los organismos municipales no pueden ir más allá de sus competencias legales y activar sus instrumentos –en este caso, el uso de fondos públicos– «al servicio de ideas o proyectos políticos determinados que promuevan la autodeterminación, cuya promoción o defensa corresponde a otro tipo de instituciones». El requerimiento de información, asimismo, menciona que los ayuntamientos o entes municipales no pueden reconvertirse en «organizaciones de difusión o defensa de proyectos supranacionales», en referencia a la reivindicación de un Estado catalán independiente.
Las sentencias del TS que sostendrían los argumentos de la Abogacía del Estado contra los pagos a la AMI fueron redactadas para un conflicto similar vivido en el País Vasco. Así, el TS resolvió en aquel momento anular los pagos de 300.000 y 522.000 pesetas, respectivamente, que los ayuntamientos alaveses de Barrundia y Alegria-Dulantiz abonaron a la plataforma Udalbiltza, cuyos fines eran las iniciativas para promover la independencia de «Euskal Herria».
La iniciativa tomada por la delegada del Gobierno ha espoleado las críticas en su contra, por haber activado ya varias medidas legales contra ayuntamientos catalanes a los que ha enviado requerimientos oficiales por la persistente ausencia de banderas españolas en los balcones consistoriales –vulnerando así la legislación vigente sobre símbolos oficiales– o la mencionada insumisión fiscal a la Agencia Tributaria.
El alcalde de Vic y líder de la AMI, quien abandonó Unió tras perder su pulso por lograr que la formación que lidera Josep Antoni Duran Lleida apoyara abiertamente la senda soberanista, acusó el sábado a Llanos de Luna de «poner en cuestión la democracia y la representación del municipalismo en Cataluña».
En declaraciones a Europa Press, Vila d’Abadal también tachó de «barbaridad» su requerimiento al Ayuntamiento de Begues y denunció que «la AMI no le gusta y no le interesa». Para el portavoz de la plataforma independentista, lo único que trata de hacer la delegada con su ofensiva legalista es tratar de «controlar» el movimiento soberanista.
EL MUNDO 25/06/13