Vayamos por partes. El pasado 14 de marzo el Ejecutivo de Pedro Sánchez activó el estado de alarma, un mecanismo constitucional que permite la limitación de ciertos derechos en caso de situaciones excepcionales. Ante la gravedad de la pandemia de la covid-19, se decidió ponerlo en marcha para restringir la movilidad en todo el país y evitar la propagación del virus.

El problema es que, dado el carácter excepcional de la medida, el estado de alarma trajo consigo algunas anomalías democráticas. La más obvia, la que permite al Gobierno conceder contratos a dedo sin concurso público, pero también asistimos desde el primer momento al debilitamiento de los contrapesos del Ejecutivo, pues el Parlamento, la Justicia y la Prensa estuvieron trabajando a medio gas durante toda su vigencia.

Ante esa situación, algunos partidos se empezaron a desmarcar del estado de alarma en el mes de mayo. Una vez que había pasado lo peor, convenía buscar otras soluciones para controlar la pandemia. Por el contrario, el Gobierno siempre dijo que el estado de alarma era necesario porque, en su opinión, es el único instrumento legal que permite limitar la movilidad entre provincias de distintas comunidades autónomas. Algunos juristas discrepan de esa interpretación, pero el Partido Popular, recogiendo el guante, propuso entonces hacer una pequeña modificación en algunas leyes para poder aplicar restricciones a la movilidad sin necesidad de tener que recurrir al estado de alarma.

Ciudadanos estaba en esa línea, y es por eso que puso al Gobierno como condición que elaborase un ‘plan B’ si quería sus votos para sacar adelante la sexta prórroga del estado de alarma. Y el Ejecutivo lo aceptó. En concreto, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, explicó el 13 de mayo que el Gobierno propondría diversos cambios legales para poder restringir la movilidad sin tener que recurrir a una herramienta tan anómala.

Nada de nada

Pero nada de eso ha sucedido. Desde el 14 de marzo, fecha en que se activó el estado de alarma, han pasado ya más de cuatro meses. Después de 100 días de situación excepcional y de varias semanas de ‘nueva normalidad’, nadie parece acordarse de aquel compromiso: ni el Gobierno ha puesto sobre la mesa ninguna reforma legislativa ni Ciudadanos le está exigiendo que cumpla lo prometido.

Lo cual quiere decir que, a día de hoy, y si nos atenemos a la interpretación jurídica que hace el Gobierno, España no tiene alternativa al estado de alarma si quiere restringir la movilidad entre provincias de distintas comunidades autónomas.

Será un estado de alarma ‘light’. Se aplicará sólo en algunas regiones, que quedarán aisladas del resto. Y no se descarta volver a un esquema de fases como en la ‘desescalada’

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, dijo el sábado pasado que el Gobierno no se plantea un nuevo estado de alarma. Nada más lejos de la realidad. En el Ejecutivo tienen bastante claro que volveremos a esa situación, la única duda es cuándo. En principio, se barajaba que sería en otoño, pero la evolución del virus este verano está sorprendiendo a los expertos.

Será, eso sí, un estado de alarma ‘light’. Se aplicará sólo en aquellas regiones donde haya un problema sanitario grave, que quedarán aisladas del resto de España. Y no se descarta volver a un esquema de fases como el que padecimos durante la ‘desescalada’.

La culpa, de las regiones

No hay que olvidar que la primera vez que se activa el estado de alarma el Gobierno no necesita el aval del Congreso de los Diputados durante sus primeros quince días de vigencia. Por tanto, el Ejecutivo lo decidirá por su cuenta y riesgo cuando crea que la situación se ha desbordado: echará la culpa a la gestión de las comunidades y dirá que no hay más remedio que volver a tomar las riendas.

Obviamente, tomar medidas para salvar vidas es poco criticable, pero en este caso estamos en un terreno mucho más complejo. Descartando que el Gobierno haya actuado por pura maldad, la única explicación posible que queda es la incompetencia y la desidia por no querer hincarle el diente a esas reformas legales que nos permitirían afrontar la emergencia del coronavirus de otra manera. Mientras tanto, Podemos ha instado al Gobierno a desarrollar una ley para indemnizar a las víctimas del franquismo. Cuestión de prioridades.