Ciudadanos celebró su última Asamblea Ordinaria en febrero de 2017. Los estatutos del partido establecen que estas tengan lugar cada cuatro años, con una prórroga de cuatro meses cuando coinciden con unas elecciones, como ha sido el caso con las catalanas. Este proceso congresual deberá tener lugar, por tanto, en junio.

La Asamblea Extraordinaria tras la dimisión de Albert Rivera supuso elegir una nueva dirección, un ajuste menor de programa y una revisión probablemente excesiva de los estatutos que habría sido más oportuno abordar en una convocatoria ordinaria.

Y, sobre todo, de plantearse el futuro de la formación.

Tras el declive electoral, los roces internos y la cuestionada estrategia de oposición, muchos afiliados hablan de refundación, término que refleja a la vez compromiso crítico y esperanza en volver a ser útiles para el país. Dado que los partidos son instrumentos y no fines, es conveniente replantearse no sólo la conveniencia de una amplia reforma, sino también la existencia misma de Ciudadanos.

El primer Ciutadans ilusionó especialmente a votantes socialdemócratas reticentes a cualquier complicidad con el nacionalismo y luego creció a escala nacional porque supo enarbolar con éxito el liberalismo que entonces apenas nadie reclamaba, ni siquiera en la derecha.

Desde entonces, el campo de batalla se ha recrudecido aún más. Los gobiernos de Sánchez llevan casi tres años bombardeando la línea del frente para crear una zanja infranqueable. A un lado de esa zanja, PP, Vox y Ciudadanos se reparten la mitad de los votos. PSOE, Podemos y los nacionalistas, al otro lado de la zanja, la otra mitad.

En este juego de suma cero dentro de cada bando, la ley electoral penaliza a las tres primeras formaciones porque pierden casi 20 escaños en las circunscripciones pequeñas en beneficio del segundo grupo, dado que los nacionalistas concentran el voto en sus provincias.

De esta manera, los socialistas podrán seguir gobernando, suban o bajen un 5%, mientras queden por encima de Podemos. Algo fácil, ahora que son socio mayor y menor en un Gobierno de coalición.

En el contexto actual, donde nadie transita por el centroizquierda, el PSOE sólo pugna pues con su propio socio, desplazando así la acción gubernamental hacia el extremo pseudoizquierdista. Pseudo porque ni defiende la libertad ni logra que avance la igualdad.

Al PSOE le basta con sacar alguna bandera de España antes de cada elección para que los votantes moderados de izquierda se persuadan a sí mismos de que no se podía hacer otra cosa «ante el chantaje de Podemos y la falta de colaboración de las derechas».

Significativo de la orfandad de propuestas útiles para los que viven de su trabajo es que cada vez hay más exvotantes de partidos que antes eran de izquierdas y que se resignan a depositar sus esperanzas en cualquier guiño obrerista, aunque este venga de Vox.

La artillería mediática es potente y era fácil quedar atrapado en uno de los lados de esa zanja.

Pero el gran error de Ciudadanos ha sido seguir aparentando una equidistancia con la que sólo aspiraba a quitar algún voto al PP, aunque fuera a costa de regalar apoyos al PSOE, como ha ocurrido durante la campaña catalana. Por ejemplo con la prórroga del estado de alarma o la negociación de los Presupuestos para arañar el IVA del diésel (que ya pedía el PNV) mientras se consumaba la ley Celaá, se registraba el asalto al Poder Judicial y se pactaba con EH Bildu.

«Que todos los españoles vean que Sánchez puede elegir» es un mensaje que ya tenían claro de entrada los votantes de la derecha, pero que ha servido a demasiados de centroizquierda para convencerse de que deben seguir teniendo esperanzas en el PSOE por mucho que les disguste casi todo lo que hace.

Peor aún. El no caracterizar a Pedro Sánchez como más culpable aún que su poli malo Pablo Iglesias de la deriva frentista y reaccionaria que sufre España facilitará a esta pareja sacar rédito del divorcio que simularán por un tiempo, cuando les convenga, para lograr más votos en la siguiente cita electoral. Acaso la última con el actual sistema democrático, porque en la siguiente legislatura ya les dará tiempo a meter mano hasta en la renovación del Tribunal Constitucional.

Mi preferencia sería que quienes se sienten más cerca del espacio liberal de centroderecha en Ciudadanos lo refundaran junto a otros muchos que están hoy en el Partido Popular decididos a dejar atrás también la abulia ante el nacionalismo y los episodios de corrupción de otros tiempos (y hacer así más evidente que el PSOE sigue bebiendo de los réditos clientelares de delitos gravísimos como los ERE).

Se abandonaría así la marca Ciudadanos para reivindicar la alianza de socialdemocracia y liberalismo que lo caracterizó hasta 2017.

Pero sé también que la afiliación ha cambiado mucho en estos cuatro años como para que esto ocurra fácilmente.

Sin esa improbable vuelta a los orígenes, y aunque Ciudadanos acertara en la renovación de su liderazgo y comunicación (difícil además por la inercia estatutaria, que provoca que cerca de la mitad de los compromisarios que deberían decidirla emanen de la dirección saliente), esta última sólo tendría como efecto una competición más o menos exitosa contra PP y Vox para encabezar la oposición.

Creo que debe entonces plantearse también la disolución del partido (de iure, por el improbable voto de dos tercios de los compromisarios, o de facto, por una desafiliación rápida y masiva), lo que permitiría liberar talento.

Una parte importante de ese talento se reuniría con el PP, fortaleciéndolo hacia el centro y dándole varios cuerpos de ventaja para imponerse más eficazmente a Vox. El porcentaje de votos recibidos sería todavía más significativo en escaños, por efecto de la ley electoral.

Otros afiliados y cargos de Ciudadanos contribuirían sin duda a concentrar iniciativas dispersas en una fuerza de centroizquierda dispuesta a saltar la zanja y lanzarse en paracaídas a ese espacio político hoy desguarnecido, recuperando muchos votos que se sienten huérfanos y forzando acaso al PSOE (con o sin Pedro Sánchez) a desplazar su centro de gravedad.

La división o la disolución permitiría construir esas ofertas electorales futuras sin necesidad de que quienes desempeñan responsabilidades de gobierno autonómicas o municipales las dejaran. Cada cargo electo sería libre de elegir su camino sin el dilema de optar entre dimitir a medio mandato, desatendiendo la confianza recibida, o quedarse sin posibilidad de influir en unas próximas elecciones (en las que es muy probable que muchos perdieran su acta de diputado o concejal).

Esta demolición controlada se podría producir desde luego sin animosidad entre unos y otros porque quizá esas mismas personas en partidos distintos podrían ser en un futuro próximo clave para pactos de gobierno muy positivos para España.

Quienes no están en puestos de gobierno (como es el caso de los diez diputados en el Congreso) tendrían igualmente más libertad para actuar desde su mejor entender sin tensionar a un partido hoy demasiado dilatado ideológicamente.

Acaso podrían incluso entrar en un gobierno de Sánchez en los últimos meses de legislatura y corregir alguno de los desaciertos de la coalición, aunque se supiera que es sólo el teatrillo con el que el PSOE preparara los siguientes comicios.

Crear un partido es muy difícil. Supone la cristalización del equilibrio entre liderazgo y legitimidad orgánica por un número de personas suficientemente amplio que comparten lo esencial de un proyecto político.

La decisión de plantearse disolver o dividir uno es, pues, complicada.

Pero no hay que encariñarse con los medios, sino con los fines, y no vale de nada gastar energías cuando lo máximo que se puede lograr es subir respecto a otro partido constitucionalista mientras no se compite con ninguno de los que atacan o permiten que se ataquen las bases de nuestra convivencia.

Apelo en cualquier caso a la presidenta del partido para que asuma plenamente este debate anunciando ya la celebración en junio de esa debida Asamblea Ordinaria, cuya convocatoria formal sería en abril, de manera que pueda haber aún unas semanas de afiliaciones para quienes quisieran volver o incorporarse a ese debate.

Por último, creo que sería un error que Inés Arrimadas dimitiera justo ahora, en la víspera de esa Asamblea, precisamente porque ella puede ser la garante de la mayor transparencia en la misma, mientras que una situación interina haría más incierto su desarrollo.

Resultaría fundamental además que diera ejemplo renunciando a ser compromisaria nata de esa Asamblea (algo así como si los diputados salientes tuvieran un voto que contara 50 veces más en las siguientes elecciones) para pedir a los demás que renuncien a ese indebido privilegio estatutario.

En cualquier caso, Ciudadanos ha conseguido muchísimo para los españoles en 15 años, y confío en que los afiliados se planteen seriamente ser ahora la semilla que se transforma, o incluso muere, para seguir dando muchos más frutos para la libertad y la igualdad en España.

*** Víctor Gómez Frías es afiliado de Ciudadanos.