EL MUNDO 13/05/13
CARLOS CUESTA
De un objetivo para 2013 de déficit autonómico del 0,7% del PIB hemos pasado a un 1,2%. Resultado de este nuevo margen de derroche para las comunidades: 5.314,5 millones de euros tirados al cubo del déficit. La causa: que nuestro Gobierno convence a Europa de que los ejecutivos regionales no ven la luz en su infatigable lucha por el control del gasto. La consecuencia: que más de 5.000 millones acaban convertidos en permiso de gasto extra, exactamente la misma cuantía que pretende recaudar la nueva andanada de subidas de impuestos a empresas y familias.
Pero ojalá acabase ahí la cosa. Veamos el capítulo dos de esta tétrica novela. El siempre leal y constructivo Artur Mas–responsable en dos años de una montaña de deuda prácticamente equiparable a la generada por el deplorable tripartito catalán en todo su mandato– se queja.
Y Mas tendrá más: un déficit negociado con la Generalitat en exclusiva
Tras incumplir el mandato de control de déficit en 2012, rebasar el listón de 50.000 millones de deuda pública, saltarse las sentencias judiciales en materia de educación, enfrentarse a los tribunales por sus barreras ilegales a los comercios, lanzar procesos soberanistas inconstitucionales, cometer desacato al Constitucional, etcétera, Mas dice que quiere más. Y Mas tendrá más: un déficit negociado en exclusiva con la Generalitat. Primero se habla de un 1,5% del PIB, lo que habría supuesto un colchón extra para el Gobierno catalán de 1.606,7 millones con cargo al conjunto de los españoles. Luego de un 1,8%, lo que habría implicado superar los 2.000 millones en premio al incumplidor. Y en estos momentos nos encontramos discutiendo si se rebasa el 2%, lo que implicaría regalar a la autonomía que mayor amenaza supone para la Constitución Española nada menos que 2.611 millones extra con respecto al objetivo inicial de déficit del 0,7%. Un importe muy similar al castigo fiscal extra recién anunciado para todas las empresas españolas, 3.000 millones de euros.
¿Por qué? Porque se paga la amenaza. Porque en vez de combatir el desafío secesionista nuestro Gobierno sigue pensando que regándolo, en vez de crecer, se reblandecerá. Y porque, a fin de cuentas, quien hará el sacrificio de pagar ese dinero serán los ciudadanos y empresas, no el aparato público, que gracias al respaldo del BCE está consiguiendo incrementar su crédito a ritmos anuales del 15%. Una deuda que no sólo se convertirá en impuestos, sino en este caso, en alimento del independentismo.