ABC 05/07/17
EDITORIAL
· A la Fiscalía y a la Abogacía del Estado no le harán falta muchos y sesudos argumentos para concluir que se trata de una norma claramente ilegal, autoritaria, excluyente e inmoral
INMERSOS en un clima de agrietamiento del bloque independentista, la extinta Convergencia, ERC y –con un insospechado protagonismo– la CUP presentaron ayer en público un engendro jurídico llamado «Ley de Autodeterminación de Cataluña», con el que el separatismo pretende dar cobertura a su consulta secesionista. La idea es que esta norma sea registrada en el Parlamento catalán para ser aprobada a finales de agosto como base teórica del referéndum anunciado para el 1 de octubre. El disparate jurídico protagonizado por la Generalitat y los anarco-batasunos de la CUP adquiere así tintes surrealistas y tóxicos. Para empezar, los promotores de la norma sostienen que se trata de una «ley suprema» creada para prevalecer sobre cualquier otra que la contradiga, por ejemplo la Constitución. Después recuerdan que incluye un «blindaje» especial para aquellos cargos públicos que sean cómplices de la consulta. Y para concluir añaden que es la «base de un proceso constituyente» para configurar una «república independiente» libre de España. A la Fiscalía y a la Abogacía del Estado no le harán falta muchos y sesudos argumentos para concluir que se trata de una norma claramente ilegal, autoritaria, excluyente e inmoral. Es la absurda regulación de un derecho, el de autodeterminación, que es irreal sencillamente porque no existe en nuestro ordenamiento jurídico, porque atenta contra multitud de tratados internacionales, y porque carece de legitimidad. Su carácter «supremo» es grotesco, y un hipotético referéndum organizado bajo estas premisas nunca podrá tener carácter vinculante.
El PDECat se ha roto en mil pedazos, y ERC espera, como sostuvo en su día el dirigente nacionalista vasco Arzalluz, recoger las nueces del árbol agitado por un partido que ha perdido el norte con Mas y Puigdemont. Lo que subyace es una carrera delirante hacia una declaración unilateral de independencia porque el resultado de la consulta, aun en el caso de que fuese legal, les da igual. Todo es un andamiaje pseudojurídico para coaccionar a la ciudadanía, imponer por la fuerza una «república independiente», fuese cual fuese el escrutinio, y plantear un chantaje a más de 40 millones de españoles, estos sí, con derecho legítimo a decidir sobre su propia soberanía y territorio. Los ilícitos penales son evidentes. Es el germen de una sedición en toda regla, más allá de una desobediencia flagrante a todas las advertencias de los Tribunales. Por eso, en el independentismo emergen ya voces asumiendo que todo será una farsa. Incluso, voces capaces de asumir que tras el 1-O el PDECat será solo un partido residual que habrá entregado el poder a ERC, la CUP, a un Podemos dividido… y quién sabe si al PSC. Es la historia de un suicidio asistido.