Editorial, EL CORREO, 4/9/12
Los herederos de ETA se saldrán con la suya si provocan la división en el seno del PP y polémica en la opinión pública
La concesión del tercer grado al etarra preso Uribetxebarria Bolinaga –aquejado de un cáncer de riñón con metástasis– por parte de Instituciones Penitenciarias y la posterior resolución del juez Castro dictando su libertad condicional han suscitado un vivo debate en el seno del PP del que se hizo eco ayer su ejecutiva. La controversia, reflejo del estupor causado por la medida entre buena parte de las víctimas del terrorismo, afecta a dos planos bien distintos de la cuestión: la idoneidad o no de la postura adoptada por el ministro de Interior y por el Gobierno en cuanto a la liquidación definitiva de ETA y su sujeción a lo previsto en la legislación vigente. El ministro Fernández Díaz argumentó que, de negar el tercer grado, el Gobierno habría incurrido en prevaricación. La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha objetado que aun siendo legal la medida adoptada lo hubiera sido también la contraria. La literalidad de las normas penales y penitenciarias no supone necesariamente que en caso de negarse a conceder el tercer grado Instituciones Penitenciarias hubiese prevaricado. Pero, dentro de su vaguedad, esa misma literalidad se muestra más proclive a la medida adoptada que contraria a ella, al tratarse de un «enfermo muy grave con un padecimiento incurable». A pesar de que el recluso no cumple con los requisitos para la reinserción –de arrepentimiento o reconocimiento del daño causado– parece evidente su «dificultad para delinquir y su escasa peligrosidad», contando además con las condiciones que acompañarían a su puesta en libertad. A la espera de conocer si la fiscalía presenta recurso contra la decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria, los dirigentes populares disconformes harían bien en atenerse a la decisión judicial última. En el plano de la estrategia antiterrorista, y a estas alturas, la conveniencia o inconveniencia de liberar a Josu Uribetxebarria forma parte del ámbito especulativo. Pero es incuestionable que los herederos de ETA se saldrán con la suya si logran provocar división nada menos que en el seno del partido en el Gobierno y avivar la polémica en la opinión pública española. Es esto último lo que podría convertir la liberación de Uribetxebarria en un logro de la obstinación extremista por salvar la cara a la ignominia etarra.
Editorial, EL CORREO, 4/9/12