El Correo 28/11/12
TONIA ETXARRI
Con el Parlamento vasco atrapado en un ritmo más lento del necesario, Euskadi sigue ofreciendo la radiografía de la división institucional a la que nos vamos acostumbrando desde que las tres diputaciones forales están gobernadas por un partido distinto. Con el anuncio del Gobierno socialista en funciones de Patxi López del pago de la extra de Navidad que había suprimido por decreto el Ejecutivo de Mariano Rajoy para este año, se ha vuelto a ver a las distintas instituciones vascas actuando de forma desigual y descoordinada. Las diputaciones forales, así como los ayuntamientos, van a aplicar la norma según les convenga. Unos saltándosela, alegando capacidad competencial para hacerlo, como el Gobierno vasco en funciones y la Diputación de Gipuzkoa, y otros cumpliéndola con el ‘truco’ del adelantamiento de plazos , como la Diputación de Bizkaia o el Ayuntamiento de Bilbao, siguiendo la primera idea del Gobierno de Navarra. Y unos terceros que, simplemente acatan el decreto, como la Diputación de Alava y el Ayuntamiento de Vitoria, conscientes de que no van a ser las instituciones más populares durante estas Navidades.
El futuro lehendakari ya ha podido comprobar, dos semanas antes de que resulte elegido en el Parlamento vasco, que las primeras coincidencias se han producido entre su partido y el PP porque mientras el portavoz del PNV decía que no le gustaba la política de recortes, el diputado de presidencia de la Diputación de Bizkaia, Juan Mari Aburto, confirmaba que ellos sí que van a suprimir la paga extra. Por responsabilidad pero también por seguridad jurídica. Como el Ayuntamiento de Bilbao que también había acatado el requerimiento del Gobierno de Rajoy desde el primer momento porque, según decía el alcalde Iñaki Azkuna, no quería ser un insumiso en momentos tan delicados.
Por lo tanto, la interpretación de la norma vuelve a ser, en la comunidad vasca, la manzana de la discordia ante la descoordinación institucional. A ningún gobierno le gusta dar noticias tan impopulares como la supresión de una paga extra. Y el de Patxi López que tiene ya las maletas hechas , no le quedaba quizás otra alternativa para seguir marcando su perfil socialdemócrata que plantear un litigio con el Gobierno del Partido Popular, beneficiándose de la situación provisional de la Cámara que impide cambiar la ley presupuestaria , según el informe jurídico consultado. Por lo tanto, esos más de 200 millones que la Administración vasca deberá desembolsar y que se habría podido ahorrar, si hubiera suprimido la paga extra, quedará para Iñigo Urkullu en la lista de sus próximos quebraderos de cabeza.
Le esperan momentos muy duros con su Gobierno minoritario. Seguramente con medidas impopulares y con dificultades para recabar apoyos. El futuro lehendakari ya lo viene anunciando reiteradamente para evitar reproches. Dos semanas antes de ser nombrado presidente, la representante de EH Bildu ya ha puesto sobre la mesa la alusión a «los 15 casos de corrupción documentados y que ya están en los juzgados», señal de que la aprobación de sus primeros presupuestos no va a ser un paseo. Le convendría que el PNV pudiera implicar a los cuatro partidos del Parlamento vasco en bases sólidas sobre armonización fiscal, por ejemplo. Seria una primera ocasión para ejercer el liderazgo.