Editorial, EL CORREO, 25/6/12
La sociedad es reacia a secundar una actitud indulgente con los condenados por terrorismo
La sociedad vasca, que en su inmensa mayoría ha venido rechazando la violencia terrorista y se ha congratulado del desistimiento etarra a proseguir con sus atentados, se muestra entre dividida y confusa a la hora de tomar postura sobre la actitud que las instituciones deben mantener tanto respecto a ETA como en cuanto a la reinserción de sus presos. El sondeo de opinión realizado por Ikerfel refleja, en este sentido, hasta qué punto las diferencias entre partidos establecen una relación de causa-efecto con las diversas visiones ciudadanas sobre el final definitivo del terrorismo etarra. Parece evidente que los encuestados atribuyen una gestión más o menos adecuada de la política de pacificación a las instituciones en función de su identificación con el discurso general del partido que gobierna cada una de ellas, más que por sus actuaciones concretas. Pero los equívocos sobre los principios que deben regir en democracia, la conveniencia política de determinadas iniciativas o la percepción como inevitable de uno u otro escenario afloran, sobre todo, ante las preguntas respecto a una eventual negociación de «los gobiernos español y francés» con ETA. El hecho de que un 41% considere que tal negociación debería darse y sin condiciones, mientras que un 42% es partidario de que ello se produzca pero tras la disolución de la banda terrorista no solo es el reflejo de una clara división de pareceres, teniendo en cuenta además que un 14% se opone a cualquier negociación. Supone también un toque de atención para que los responsables políticos e institucionales perfilen sus posturas de manera más nítida en cuanto a criterios básicos y decisiones de oportunidad en la estrategia democrática frente a ETA. Algo semejante ocurre con la opinión social sobre la política penitenciaria. Junto al 49% de encuestados que considera necesario el acercamiento sin condiciones de los etarras presos a sus lugares de origen, un 33% lo condiciona a su desvinculación previa respecto a la disciplina de ETA y un 16% se muestra contrario a la medida. Aunque el más significativo de los capítulos es el referido a los beneficios penitenciarios que un 34% niega incluso aunque pidan perdón, un 31% lo supedita a la petición de perdón y un 31% lo demanda sin condiciones. Es evidente que una amplia mayoría de la sociedad vasca se niega a secundar, sin más, una actitud indulgente respecto a los condenados por terrorismo.
Editorial, EL CORREO, 25/6/12