El Constitucional tiene muchas razones jurídicas de peso para refrendar la resolución de la Sala del 61, que consideró que Bildu es un instrumento concebido por ETA. Pero es un tribunal fruto de cuotas políticas, por lo que no cabe ser optimista sobre el sentido de una decisión que zanjará el tema de forma definitiva.
EL TRIBUNAL Constitucional se enfrenta a una de las más trascendentales decisiones de su historia tras el recurso presentado por Bildu contra el reciente fallo de la Sala del 61 del Supremo. El Gobierno y el PSOE apuestan por una resolución favorable a la coalición de la izquierda abertzale, que ayer montó un lamentable espectáculo al intentar dar una rueda de prensa en el Congreso, frustrada con buen criterio por Bono.
Todo apunta a que, tras las conversaciones telefónicas mantenidas por Iñigo Urkullu, líder del PNV, con Zapatero y Rubalcaba, el Ejecutivo espera una resolución favorable a Bildu del Constitucional, que debe fallar mañana antes de la medianoche.
Así lo indican, en primer lugar, las manifestaciones de dirigentes del PNV como Josu Erkoreka, portavoz parlamentario, y Andoni Ortuzar, presidente del partido en Vizcaya, que ayer limaron las declaraciones del jueves pasado de Urkullu en las que daba por «rotas» las relaciones con el PSOE tras la impugnación de las listas de Bildu. Ahora Erkoreka dice que el PNV confía en «el buen hacer» del Constitucional y precisa que ambos partidos «se han dado un margen de confianza» para «recuperar la sintonía».
Pero también así lo corroboran declaraciones como las formuladas ayer por el lehendakari Patxi López, que subrayó que es necesario que el Constitucional «garantice» los derechos de Bildu, que, a su juicio, «no está al servicio ni forma parte de la estrategia de ETA», palabras muy semejantes al posicionamiento adoptado en la víspera por el PSC. Rubalcaba siempre ha manifestado que el Gobierno respetará lo que decidan los tribunales, lo que abre la puerta a un cambio de escenario que se vislumbra por la composición del Constitucional en el que hay una relación de fuerzas favorable al PSOE.
La principal ventaja para Zapatero de una eventual legalización de la coalición Bildu es que podría recomponer a corto plazo su relación con el PNV, cuyo apoyo fue clave para la aprobación de los Presupuestos del Estado para este año. El presidente podría agotar la legislatura sin ningún problema de respaldo parlamentario si los nacionalistas vascos siguen prestándole sus cinco escaños.
Habrá que esperar el fallo del Constitucional, pero, en el caso de que Bildu fuera legalizada, el Gobierno siempre podría justificarse con el argumento de que la Fiscalía y la abogacía del Estado pidieron la impugnación de todas las listas y de que el Alto Tribunal es un órgano judicial independiente.
El Constitucional tiene muchas razones jurídicas de peso para refrendar la resolución de la Sala del 61, que consideró que Bildu es un instrumento concebido por ETA para burlar la legalidad vigente. Pero es un tribunal fruto de cuotas políticas, por lo que no cabe ser optimista sobre el sentido de una decisión que zanjará el tema de forma definitiva.
Si se consuma la legalización, quedará en evidencia el doble juego practicado por el Gobierno, pues será difícil que alguien se trague la película de que el Ejecutivo ha hecho todo lo posible para impedir que ETA-Batasuna vuelva a las instituciones. Y ello porque los magistrados del Constitucional que se muestran ahora a favor de la legalización de Bildu, como los que adoptaron la misma posición en el Supremo, fueron promovidos por el sector vinculado al PSOE del Consejo General del Poder Judicial. Será casi imposible de creer que han actuado sin influencia alguna de un Gobierno al que muchas veces han escuchado en ocasiones anteriores.
Editorial en EL MUNDO, 4/5/2011