El 2025 comienza como terminó 2024, con continuos tira y afloja entre Junts y el PSOE. Los independentistas no tardan en golpear. Presentan recién estrenado el año una propuesta para que Sánchez se someta a una cuestión de confianza y tumban en primera instancia el decreto para reforzar el escudo social, con el que Sánchez trataba de recuperar la iniciativa. En paralelo, en los juzgados progresan las investigaciones en torno a la familia del presidente y al fiscal general.

La alianza PSOE-Sumar muestra signos de desgaste por la intención de Hacienda de gravar con el IRPF el incremento del Salario Mínimo. Este choque viene a sumarse a otros como la posición frente a Israel o la vivienda. A la vez, la continuidad de Mazón erosiona al PP. En el plano internacional Sánchez resiste la presión de Donald Trump para elevar el gasto militar al 5% del PIB.

Los de Puigdemont continúan con exigencias como la cesión de las competencias migratorias, todo ello con el as en la manga de su apoyo o no a los Presupuestos. El incremento en el gasto militar al 2% del PIB abre la enésima brecha entre el PSOE y Sumar.

El 28 de abril, a mediodía, la Península se queda sin abastecimiento eléctrico. Los teléfonos, internet y los trenes cesan su actividad y en las ciudades se forman gigantescos atascos.

Un nuevo escándalo salpica al PSOE. Se trata del ‘caso Leire Díez’ en el que se acusa a la supuesta ‘fontanera’ socialista de maniobrar en la sombra contra la UCO, jueces o fiscales en medio de las investigaciones que conciernen al entorno de Sánchez. Los tribunales tampoco brindan buenas noticias para el PP. Se dicta el procesamiento de Alberto González, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por fraude fiscal y falsificación. En plena tormenta por el proceso al fiscal general del Estado por la revelación de información reservada del novio de la presidenta madrileña, el Gobierno da los primeros pasos para desvincular la designación de la jefatura del Ministerio Público del inicio de las legislaturas. El Ejecutivo no consigue en Bruselas elevar el catalán, el euskera y el gallego a lenguas oficiales de la UE, una exigencia de sus socios soberanistas.

Las investigaciones de la UCO sobre la implicación de Santos Cerdán en el presunto cobro de comisiones ilegales desatan un terremoto. El secretario de Organización del PSOE y mano derecha del presidente renuncia a sus cargos y un Sánchez más amenazado que nunca pide disculpas públicas. La imagen de la UCO entrando en Ferraz en busca de material de Cerdán resume el ‘shock’ para una militancia que cae en el desánimo. A la par, el Supremo dicta apertura de juicio oral al fiscal general, quien se niega a dimitir pese a las presiones de la mayoría de asociaciones judiciales y de la oposición política. La única alegría de un mes negro para el Gobierno llega desde el Constitucional, cuya mayoría progresista avala la ley de amnistía. En las comunidades, comienza el baile entre PP y Vox para sacar adelante los Presupuestos en las autonomías donde los populares dependen de los de Santiago Abascal. Las negociaciones salen adelante en Baleares y Murcia a cambio de concesiones a Vox en materias de lengua o inmigración. La política doméstica y la acción de la justicia eclipsan el acuerdo histórico con Reino Unido sobre Gibraltar.

Aunque Julio abre con pésimas noticias para el PSOE -Cerdán ya está en prisión bajo la sospecha de haberse embolsado cinco millones en comisiones-, Sánchez asegura que dimitir «no es una opción». Y los socios parlamentarios le dan un respiro al apoyar un paquete de medidas anticorrupción en el pleno monográfico en el Congreso y aparcar la petición de elecciones. El pacto fiscal con Cataluña abre otro frente al presidente del Gobierno al denunciar el resto de autonomías un trato de favor a cambio del sostén independentista. Mientras los socialistas languidecen a causa de sus escándalos, el PP celebra un congreso a la medida de su líder. Feijóo releva a Cuca Gamarra como número dos por Miguel Tellado y se compromete a gobernar sin Vox. Estallan los disturbios xenófobos en la localidad murciana de Torre Pacheco. La extrema derecha apoya las protestas, en las que se defiende la caza al inmigrante.

Las vacaciones apaciguan unos días la tormenta política, pero se trata solo de un espejismo. Una gran ola de incendios abre una nueva guerra entre el Gobierno de Sánchez y las comunidades gobernadas por el PP, que se responsabilizan mutuamente de la falta de medios para combatir las llamas. En los tribunales, el juez Peinado progresa en su investigación sobre los negocios de Begoña Gómez y le suma el delito de malversación. Resurge la polémica sobre la acogida de la inmigración irregular, un terreno en el que Vox intenta sacar rédito, lo que deriva en un enfrentamiento con la Iglesia. En el plano internacional, el Gobierno abandera en Europa la adopción de sanciones contra Israel.

Sánchez se suma a las voces que denuncian una supuesta guerra sucia en los tribunales, al asegurar que «hay jueces haciendo política que no cumplen la ley». Poco días después, el hermano del jefe del Ejecutivo en enviado a juicio, mientras Peinado resuelve que sea un jurado popular el que, llegado el caso, decida sobre los presuntos ilícitos de Begoña Gómez. El mes trae consigo novedades en los asuntos territoriales. El Gobierno incide en la quita de deuda para las autonomías con la oposición frontal del PP, que interpreta la medida como un intento de camuflar las ventajas para Cataluña. El pulso con Israel vive un nuevo episodio al apoyar Sánchez a los manifestantes contra «el genocidio» que fuerzan el abrupto final de la Vuelta a España por la participación de un equipo hebreo, a lo que se suma la aprobación de un paquete de nuevas sanciones contra Tel Aviv. Felipe VI se posiciona en la ONU al tachar de inaceptable «el brutal sufrimiento en Gaza». Al Gobierno se le abre un nuevo frente al destaparse fallos en las pulseras contra el maltrato machista.

Tras dos años rifirrafes, Carles Puigdemont rompe con el Gobierno, lo que deja a Sánchez en minoría en el Congreso y la legislatura al borde del colapso. Aún así, el presidente mantiene que cumplirá lo que le resta de mandato. El líder socialista comparece en la ‘comisión Koldo’ del Senado para responder sobre la corrupción en el Gobierno y en su partido, aunque sale indemne del acoso al que le somete la oposición. El PP apenas puede disfrutar de la debilidad de la coalición. El funeral de Estado por las víctimas de la dana se salda con un alud de críticas contra Mazón, quien se ve obligado a dimitir ante su insostenible continuidad para el Consell valenciano y para Génova.

Mes de ‘vía crucis’ judicial para el PSOE. Supremo inhabilita al fiscal general del Estado y Álvaro García Ortiz presenta su renuncia. El alto tribunal también dicta la entrada en prisión de Ábalos y Koldo. En Valencia, el popular Juanfran Pérez Llorca es elegido presidente de la Generalitat tras pactar con Vox. La amnistía a los implicados por el ‘procés’ aprueba su penúltimo examen al considerar el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE que no transgrede la legalidad comunitaria.

Los socialistas despiden el año con el reventón del ‘caso Salazar’ larvado desde julio y el golpe contra su compromiso feminista por las denuncias por acoso sexual contra el exasesor de Sánchez en Moncloa y otros cargos. Bajo esa sombra y la de la corrupción, el PSOE recibe un varapalo sin precedentes en las autonómicas adelantadas al 21-D por María Guardiola en Extremadura. El PP y Vox suman el 60% de los votos, aunque los de Guardiola y Feijóo no consiguen desembarazarse de la derecha radical.