LA RAZÓN, 7/12/11
PSOE y PNV han negociado con ETA, a través de intermediarios, durante, al menos, el último año y medio, en un «proceso» que se ha llevado con el máximo secreto y del que los protagonistas esperaban obtener importantes réditos: en el caso de la banda, los ha logrado, con la legalización de Bildu, la participación de Amaiur en las elecciones generales y la consiguiente consolidación de su «Frente Institucional»; socialistas y nacionalistas, que perseguían una victoria en las generales (o al menos que el PP no ganara por mayoría absoluta), han cosechado un tremendo fracaso.
MADRID- De paso, han dejado una herencia «endiablada» a Mariano Rajoy, con ETA en las instituciones y un «cese armado» que puede tener fecha de caducidad cuando a los terroristas no se les dé lo que piden.
Hace unos días, el presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, confirmó algo que ya se sospechaba: el Gobierno socialista no había dejado de negociar con ETA y mantenía los contactos. El desmentido oficial del portavoz del Ejecutivo, José Blanco, sirvió de poco. Documentos de la banda, a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, comunicados y declaraciones de los pistoleros y el repaso de los hechos que se han producido en este periodo, que se ajustan al milímetro al «cronograma» pactado con ETA, evidencian la existencia de negociaciones.
Para evitar los problemas que surgieron con la publicidad que se dio al anterior «proceso», desarrollado entre 2006-2007, los contactos se articularon a través de intermediarios. En la última entrevista publicada en «Gara», los portavoces de la banda hablaban de que ambas partes habían tenido un «conocimiento mutuo» de lo que se trataba, gracias, sin duda, a esos mediadores.
No es cierto que el PP estuviera implicado en este «proceso». Otra cosa es lo que nacionalistas y socialistas transmitieran a ETA, que deseaba que los de Rajoy estuvieran en el «ajo» por si, como ocurrió, ganaban por mayoría absoluta. De hecho, sus dirigentes han aclarado en los últimos días que no se sienten concernidos por los acuerdos que PSOE y PNV hayan podido establecer con los terroristas. En su último comunicado, la «izquierda abertzale» ha subrayado que, «entre todos, debemos hacer que el PP responda a la voluntad social de Euskal Herria». Prueba de que alguien utilizó el nombre del partido de Rajoy con demasiada ligereza.
En el momento de la ruptura del anterior «proceso», en 2007, ambas partes, Gobierno y ETA, acordaron dejar «canales abiertos». Y ésos son los que se han utilizado. Algunos son conocidos, como Brian Currin y sus mediadores, facilitadores, verificadores y especies similares. Las fundaciones Henri Dunant y la holandesa Dialogue Advisory Group (DAG), también.
A finales de 2009 o primeros de 2010, ETA decidió suspender los atentados a partir de febrero de ese año y le comunicó su decisión, a través de los intermediarios, al Gobierno (el dato está incluido en el último «Zutabe», el 113, publicación interna de los pistoleros). Los terroristas jugaban con la debilidad de un Ejecutivo que no pasaba por su mejor momento y le tentaron otra vez con la promesa de la «paz». Sin embargo, Zapatero y Rubalcaba no se fiaron y esperaron acontecimientos. En septiembre, ETA anunció que no iba a llevar a cabo «acciones armadas». El «proceso» cobró entonces fuerza y, a través de los mediadores, la banda hizo llegar su propuesta. Los documentos de los terroristas lo dejan claro: por parte de ETA, «cese de la actividad armada para abordar con la participación de todas las partes acuerdos democráticos para la paz, estabilidad y reconciliación; compromiso por la vías democráticas y pacíficas para resolver las cuestiones políticas; oponerse al esfuerzo de cualquier otro de usar la fuerza o de amenazar con su uso para influenciar el curso o resultado de las negociaciones multipartitas».
Por parte del Estado español, «compromiso de respeto de los derechos civiles y políticos, haciendo posible la actividad y desarrollo de cualquier proyecto político. Legalización de la actividad política de la izquierda abertzale; compromiso de desactivación de las políticas antiterroristas en un escenario de no violencia e impulso de un proceso democrático». Lo ocurrido con Bildu y Amaiur y la permisividad de la que disfruta la ilegalizada Batasuna hablan por sí solos. ETA añadía que «este acuerdo-compromiso múltiple tiene que estar velado por la comunidad internacional, ubicándose en el marco de su desarrollo la Conferencia Internacional (la que se celebró en San Sebastián) para que dé soporte a la puesta en marcha del proceso democrático». Eguiguren reveló días pasados que la resolución final del encuentro había sido pactada también entre el Gobierno y ETA. Después, se produjo el anuncio del supuesto «cese armado». Todo ocurría en pleno periodo electoral.
La victoria, pese a todos estos «enredos», fue para Rajoy, que tendrá que administrar una situación auténticamente compleja.
LA RAZÓN, 7/12/11