Javier Caraballo-El Confidencial
- El último caso en el que se ha visto envuelta Dolores Delgado es el mejor ejemplo que puede encontrarse del carácter altamente inflamable y explosivo de su nombramiento
Dolores Delgado entra y sale del Tribunal Supremo, pero por la puerta inapropiada, por la de los acusados, en vez de por la que le corresponde como fiscal general del Estado. Entra y sale por la puerta de aquellos que son reclamados para dar cuentas ante la Justicia, no por la de quienes tienen encomendada, como es el caso de los fiscales, la misión de “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público”, como dice la Constitución. Hace un mes, salió airosa del recurso planteado contra su nombramiento, gracias a que el Tribunal Supremo no llegó a analizar el fondo del asunto, y dentro de algunas semanas puede volver a entrar en el mismo tribunal por un episodio menor que acaba complicándose extraordinariamente y alcanza a su antigua relación, de amistad, cordialidad o mero interés con el comisario Villarejo, que es en sí mismo un cenagal.
Si a ese trasiego de sospechas se le suma su pasado político, vinculado al PSOE y a su secretario general, Pedro Sánchez, podremos delimitar la ‘mochila’, que es el término que se utiliza en la jerga del poder para las situaciones más variopintas, con que Dolores Delgado llegó a la Fiscalía General del Estado, muy alejada de la discreción y la prudencia que los grandes juristas atesoran como su mejor cualidad. Por eso, tras su nombramiento, cuestionado y contestado de forma creciente entre los propios fiscales, se la puede contemplar como en una carrera de obstáculos que va sorteando mientras, en la grada, todos observan la escena, convencidos de que en alguna valla acabará tropezando y cayendo.
El último caso en el que se ha visto envuelta Dolores Delgado y que la llevará de nuevo ante el Tribunal Supremo, según ha anunciado la asociación mayoritaria de fiscales, la Asociación de Fiscales, es el mejor ejemplo que puede encontrarse del carácter altamente inflamable y explosivo de su nombramiento. Un asunto de mero trámite, sin interés especial ni siquiera para los propios fiscales, se convierte en una bomba de relojería que acumula, cada día que pasa, nuevas sospechas, revelaciones y denuncias. El caso en cuestión es la asignación de una plaza de la Fiscalía Anticorrupción que se decide en el Consejo Fiscal, un órgano asesor cuyos vocales son elegidos en votación por todos los fiscales. Entre quienes aspiraban a esa plaza, hay un fiscal, que se llama Ignacio Stampa, que no sale elegido porque en el Consejo Fiscal no lo vota nadie, ni siquiera los de su propia asociación. ¿Dónde está, por lo tanto, el escándalo?
Como se decía, la noticia sería completamente irrelevante si con posterioridad no se hubiera sospechado, seriamente, que fue la propia fiscal general del Estado, a través del secretario técnico de la Fiscalía, quien interfirió en la designación de esa plaza para que no se nombrase a Ignacio Stampa. Lo consiguió, según se sospecha, con una simple maniobra: dilatando artificialmente la investigación que existía sobre él hasta que el Consejo Fiscal no se reuniese, a sabiendas de que nadie se arriesgaría a nombrar a un fiscal anticorrupción que, días más tarde, pudiera ser condenado. Eso es, de hecho, lo que pasó; por eso no lo votó ni su propia asociación. Pero resulta que esa investigación ya llevaba muchos días muerta porque no se encontró “ni huella alguna de indicios, ni tan siquiera sospechas” de los delitos de los que se acusaba a Stampa. Los documentos de ese episodio se publicaron aquí hace unos días, en El Confidencial.
Tan complicado se le está poniendo el panorama en este caso a la fiscal general que las declaraciones que surgen contra ella dentro de la propia Fiscalía describen una preocupante curva ascendente. Carlos Ruiz de Alegría, que es teniente fiscal de Madrid, la persona que investigó a Stampa, asegura que en sus 40 años de profesión “nunca antes” había visto algo igual, que estamos ante una “intromisión impresentable” de la Fiscalía General del Estado. En el diario ‘ABC’, ha dejado una frase más expresiva aún del malestar interno: “Los fiscales no somos los trabajadores del metal, no vamos a las barricadas, pero a esto hay que ponerle coto”.
Salvador Viada, un experimentado fiscal en excedencia que también pasó por la Fiscalía Anticorrupción, ofrece un detallado resumen en un artículo de opinión en ‘Hay Derecho’ en el que concluye, de forma taxativa: “Estamos ante un caso en el que las garantías de los fiscales en su trabajo aparecen insuficientes porque la institución se propone desde la jerarquía que así sea. Han fallado los controles, y hay que pensar en eso. Para mí, que todavía no he olvidado por qué me hice fiscal, es un escándalo”. Todo esto se afirma, además, sin incluir de la ecuación a Baltasar Garzón, la pareja sentimental de Dolores Delgado, y las conexiones que pueda tener, a través de su bufete, con la macrocausa del comisario Villarejo, que también está en el epicentro de esta tormenta.
Como se decía antes, esta nueva polémica le estalla a Dolores Delgado justo después de que el Tribunal Supremo haya resuelto en su favor el recurso que habían interpuesto el PP y Vox contra su nombramiento gracias a que se considera que los partidos políticos no están legitimados para presentar un recurso de esta naturaleza. Unos y otros tendrían que haber demostrado para ello un “interés legítimo”, que afecte a sus derechos como parlamentarios, y no ha ocurrido así, a juicio del Tribunal Supremo, aunque se emitieron dos votos particulares que no solo consideraban que se deberían haber aceptado los recursos, sino que la incompatibilidad de Dolores Delgado es manifiesta, por la falta de idoneidad y de imparcialidad.
Ya veremos cuál es la suerte que corre la nueva denuncia que se interponga por el caso Stampa y si Dolores Delgado despeja la niebla que se va acumulando a su alrededor. La última vez que pudo hacerlo, la semana pasada ante el Consejo Fiscal, prefirió ampararse en que se trata de un asunto de “materia reservada” para no decir nada. «La fiscal general del Estado no tiene explicaciones», decía la Asociación de Fiscales en un comunicado de prensa en el que anunciaba acciones judiciales y que parecía titulado con doble intención. En realidad, es el mismo nombramiento de Dolores Delgado el que, desde el principio, es incomprensible y no tiene explicación alguna.