Peter Lorre tenía más carácter
Nunca se puede afirmar nada de manera categórica. Por eso debo admitir que contra todo pronóstico por mi parte, Pedro Sánchez ha dicho una verdad, la única que yo le recuerdo en declaraciones públicas. Cierto que es una verdad subjetiva y que está apoyada en la mentira de la que ha hecho marca de la casa. Él respalda a García Ortiz «porque ha hecho su trabajo, lo que debe hacer: perseguir al delincuente y combatir la desinformación y el bulo”. La parte de verdad subjetiva es que ha hecho su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo, si puede saberse? Eso ya lo había confesado en su repregunta al periodista de Radio Nacional Iñigo Alfonso: “La fiscalía, ¿de quién depende?” “Del Gobierno”, respondió pastueñamente el interpelado. “Pues ya está”. ¿Cómo no entender que en opinión del psicópata de La Moncloa, Don Fiscalone cumple con su trabajo al satisfacer los deseos de su mandante?
Su trabajo, dice, “consiste en perseguir al delincuente y combatir la desinformación y el bulo”, afirmación que es un bulo en sí misma. Lo que dice el artículo 124 de la Constitución es que el Ministerio Fiscal tiene por misión “promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley […], así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social”. La misión del fiscal no es combatir el bulo ni establecer la victoria de la verdad en este mundo y Álvaro García no está imputado por eso, sino por revelar secretos. Aunque los secretos revelados sean verdad, revelarlos es un delito tipificado en el artículo 197 del Código Penal y, en consecuencia, niega “la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley” que sí prescribe el artículo 124 de la CE.
El resto de la declaración de Sánchez es un despeñadero para la verdad, contemplada en los puros hechos. Todo el empeño del sanchismo está en adjudicar la iniciativa de la sentencia de conformidad en la defensa del novio de Ayuso, no en la petición de Miguel Ángel Rodríguez, que es el bulo que pretendía difundir. La cuestión de la iniciativa es relativamente irrelevante, solo una negociación en la que la Fiscalía busca una condena, más o menos simbólica, y el encausado un abaratamiento de la pena que pudiera corresponderle. Es lo que hizo el embajador del sanchismo y el zapaterismo en Caracas, Raúl Morodo, al negociar una condena de diez meses por la ocultación de 4,5 millones que consiguió su hijo Alejo de la petrolera venezolana PDVSA. Hubo acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción que le librará de ingresar en prisión.
Pedro Sánchez no llamó ‘delincuente confeso’ a Morodo, como sí al novio de Ayuso. Está en su lógica: el Supremo imputa a su fiscal general y él volvía a pedir la dimisión de Ayuso.
Este portento jurídico redondeaba ayer la jornada cuando el TSJ de Madrid inadmitía por unanimidad su querella por prevaricación contra el juez Peinado, como a comienzos de semana había rechazado la Fiscalía la de su catedrática. El primer querellante desoído, Max Pradera, se felicitaba en X por la compañía: “Bienvenido al club, @sanchezcastejón” y luego le pedía que le nombrase su asesor jurídico. Qué hermosura de mènage à trois, solo en lo intelectual, que conste.