El pasado 29 de octubre confluyeron varias informaciones: como todos los martes hubo Consejo de Ministros, rematado con una de las abracadabrante ruedas de prensa de la portavoz del Gobierno. Era, además, el día en que comenzaron a desatarse sobre el Levante español todas las furias del infierno. Pilar Alegría no hizo ninguna referencia durante su comparecencia ante los medios, a los reiterados avisos que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) venía anunciando del peligro desde varias horas antes. Qué digo desde varias horas, el día 23 de octubre dio el primer aviso de que venía una dana, aunque sin mucha concreción. A las 7:31 del día 29, anunció alerta roja en la provincia de Valencia. A las 7:36 amplió la declaración de alerta roja al sur de la provincia. Y a las 8:04 avisó de peligro extremo en el litoral sur de Valencia con lluvias de 90 litros por metro cuadrado en una hora que podrían ocasionar crecidas e inundaciones.
Álvarez de Toledo pidió el cese del fiscal general en uno de los mejores discursos parlamentarios que uno puede recordar, incluso para su nivel. La portavoz adjunta del PP en el Congreso (¿a qué esperará Feijóo para retirarle el calificativo?) acusó a García Ortiz de “incumplir grave y reiteradamente sus funciones” señaladas en el Estatuto del Ministerio Fiscal.
De toda su intervención, uno solo quitaría el adverbio y las dos condiciones. “Les pido que mediten seriamente sobre tres cuestiones”, se lo pide a un Gobierno encabezado por Pedro Sánchez y no contenta con ello, encarece que lo hagan “sin prejuicios ni sectarismos”. Era una petición retórica, claro. Ella sabía que eso no es posible, como tampoco lo era esperar un comportamiento decente de un tipo que tiene las maneras de los Corleone y detenta la cúpula (o no sé si la cópula) de la Fiscalía. Recordemos que fue declarado inidóneo por el Supremo y desautorizado por desviación y abuso de poder. Nunca hubo un fiscal tan parecido a Peter Lorre como éste, tampoco hubo uno a quien el CGPJ tachara de no idóneo, ni un antecesor que fuese imputado por el Supremo, lo que podría llegar a producir el esperpento de un fiscal interrogado por un subordinado en una causa penal. “Y, sobre todo, no cabe mayor descrédito para la Fiscalía que estar a las órdenes de un presunto delincuente”, remata Cayetana. Don Alvarone “tiene la obligación institucional, moral y penal de entregar todos los emails que envió y recibió desde su cuenta privada los días álgidos de las filtraciones, del 5 al 18 de marzo. Es la mínima transparencia exigible a su cargo”.
La portavoz adjunta del PP advierte al fiscalone contra la tentación de borrar los correos de su cuenta privada. No sería de recibo que el mismo Gobierno que insiste en propagar el bulo de que el PP rompió ordenadores a martillazos —bulo desmontado hace cuatro años por la Audiencia Provincial de Madrid, pero que el equipo de opinión sanchista repite sin desmayo— esté amparando a un fiscal general que eliminó correos para tapar sus delitos. Sería inútil; aunque él no lo sepa, Google lo guarda todo.