ABC 02/03/17
ISABEL SAN SEBASTIÁN
· El fortalecimiento del coraje cívico para la defensa de España no interesa a nuestros políticos en activo
EL lunes, mientras declaraba ante el Supremo Francesc Homs, acusado de desobedecer al Constitucional y organizar un referéndum ilegal desde la Consejería de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Mariano Gomá, presidente de la plataforma cívica Sociedad Civil Catalana, desgranaba en un auditorio madrileño el rosario de agravios y abusos padecido por quienes allí rehúsan suscribir sin rechistar los dogmas del nacionalismo gobernante. Homs lanzaba a jueces e informadores la piedra de la amenaza, augurando el apocalipsis del Estado español si el tribunal osa condenarlo, al tiempo que escondía la mano, cobarde, al fingir desconocer las consecuencias penales inherentes a sus actos. Gomá, arquitecto de profesión, se mostraba decidido a «seguir construyendo España», pese a ser consciente de haberse «metido en un lío» al asumir el liderazgo de una asociación tan herética como para abrazar la Constitución. Un «lío» capaz de romper grupos de amigos y familias, además de quitarte el pan. Un «lío» que los vascos reacios a tragar ruedas de molino oficiales conocemos bien desde antiguo.
El lunes, mientras la Audiencia de Barcelona se preparaba para abrir juicio oral en el caso Palau y uno de los imputados pactaba con la Fiscalía «cantar la gallina» de las comisiones desviadas al partido de Mas y Puigdemont, a cambio de benevolencia para su hija implicada en la misma causa, el presidente de «Empresaris de Catalunya», Josep Bou, daba lectura en el auditorio antes citado a ciertas cartas intimidatorias que recibe desde que declaró públicamente su preferencia por una Cataluña unida a la Nación española, saliendo del armario de silencio impuesto por el poder autonómico a los catalanes ajenos al «prusés». «Todos los hombres de Pujol han sido juzgados y muchos de ellos condenados» –recordó Bou–. «¿Por sus ideas? No. Por chorizos».
El lunes, mientras en la Ciudad Condal se inauguraba a bombo y platillo el Mobile World Congress, con el respaldo de las más altas instituciones del Estado, una humilde directora de instituto de Hospitalet de Llobregat lanzaba con voz serena, desde la capital del reino, una petición desesperada de auxilio: «No nos dejen solos, por favor, no se harten del problema catalán». Dolores Ajenjo fue la única responsable del sistema público de enseñanza que se negó a entregar las llaves de su colegio a los «voluntarios» del 9-N y exigió que se le cursara la orden por escrito. Lo está pagando con su inclusión en «todas las listas negras» de la consejería a la que pertenece, aunque piensa que acaso su gesto valiente de entonces consiga impulsar el comienzo de algún cambio. Esos catalanes perseguidos aún conservan la esperanza. Muchos vascos, como yo, la perdimos hace años.
Ajenjo, Bou y Gomá habían sido reunidos por las fundaciones Villacisneros y Valores y Sociedad, junto a otros resistentes venidos del País Vasco y Baleares, en el contexto de unas jornadas destinadas a reflexionar sobre «el fortalecimiento del coraje cívico para la defensa de España». Una causa que no parece merecer el interés de nuestros políticos en activo, toda vez que la única presente entre el público era Esperanza Aguirre, acompañando a los cesantes Jaime Mayor Oreja y María San Gil. Tras concluir el relato de lo que viven en soledad quienes luchan en primera línea contra la corriente sediciosa, la directora de instituto exclamó angustiada: «¡¿Dónde está el Gobierno?!» El Gobierno, representado por su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, estaba en ese mismo momento en Barcelona, compartiendo sonrisas y carantoñas con Oriol Junqueras, portaestandarte del separatismo.
Cada oveja, con su pareja.