Jamás hubiera imaginado que el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco iba a coincidir con la adhesión de los herederos políticos de ETA a la causa de los derechos humanos. Ni que el socialista Pedro Sánchez llegaría a consentir que el primer Gobierno de Felipe González apareciese en un texto legal como una prolongación de la dictadura franquista.

Sin embargo, semejantes aberraciones palpitan en el dictamen de la comisión constitucional del Congreso sobre la Ley de Memoria Democrática. Lo apadrina Sánchez y ya está listo para debate y aprobación en el pleno del próximo jueves 14 julio. 

Su alejamiento de la realidad es más alarmante de lo que parecía en su contraofensiva mediática de la semana pasada. Es un caso perdido si cree que remontará en las encuestas poniendo bajo sospecha aquel primer mandato socialista, en nombre de los derechos humanos. Y si no lo cree, es un insensato.

En el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, los que simpatizaban con ETA van de adalides de los derechos humanos 

Eso esconde la exigencia de Bildu (herederos políticos de ETA) de prolongar la estigmatización del franquismo hasta cinco años después de aprobarse la Constitución. Como si el PSOE de Felipe (consolidación democrática, saneamiento económico, reinserción internacional) fuera una expresión más de la dictadura. 

Que el PSOE aparezca como la continuación del franquismo con otros collares, aunque sea a efectos declarativos y no judiciales, a la vista del texto que irá al pleno de la semana próxima, es una concesión del Gobierno de Sánchez para que los herederos políticos de ETA puedan imponer su versión alternativa a la ‘transición ejemplar’.

Así lo ha explicado la diputada Mertxe Aizpurua (condenada en su día por apoyo al terrorismo de ETA) al acusar recibo del precio que paga Moncloa por sacar adelante la ley. Los cinco escaños de Bildu (aquí vale la mayoría simple) compensarán el descuelgue de ERC, contrariado por no haber conseguido suprimir el título de ‘rey de España’ ni derogar la ley de amnistía de 1977. 

Estamos ante una falta de respeto a la memoria del socialismo democrático y un insulto a los historiadores. Personalmente, siento malestar físico por la deriva de lo que en principio iba a ser una profundización en la Ley de Memoria Histórica de 2007 (justo reconocimiento y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista). 

Una falta de respeto a la memoria del socialismo democrático y un insulto a los historiadores 

Ahora, la náusea me impide un acercamiento racional al hecho de que quienes simpatizaron con ETA (“La lucha armada fue necesaria”, sostienen aún) aparezcan como campeones de los derechos humanos violados en la guerra sucia del Estado hasta diciembre de 1983. Ese es límite contemplado en la futura ley para reparación de las víctimas del GAL, mediante el trabajo de una comisión que evaluará dichas violaciones. 

Es la misma filantropía, la misma memoria democrática y la misma norma legal, pero la estigmatización del franquismo y de la propia transición a la democracia no alcanza a los crímenes de ETA y su abominable intento de reventar el régimen de libertades nacido en 1978, ¿por qué? 

Además de declarar ilegal el régimen franquista y las sentencias judiciales que entonces se produjeron por motivos ideológicos o religiosos, ya puestos a reclamar violaciones de los derechos humanos tras la muerte de Franco, ¿es que nadie va a reclamar comisiones de investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por ETA en nombre de la patria vasca?, ¿es que nadie va a explorar nuevas formas de reconocimiento y reparación a las víctimas de aquellos crímenes, muchos de ellos todavía sin resolver, en muchos casos por falta de colaboración con la Justicia?