Los datos de ejecución demuestran que no permean hacia el tejido empresarial de manera ágil, que no ha existido una cooperación real con el resto de Administraciones y lamentablemente, no se ha resuelto la falta de transparencia y rendición de cuentas a la sociedad. Al contrario, todos estos problemas se han trasladado a la Adenda al Plan.

Movilizar una cantidad fondos tan importante en un plazo tan reducido exigía contar con las comunidades autónomas en el proceso de elaboración del plan, en su ejecución y en la confección de la Adenda.

No porque lo explicite el Reglamento Europeo del Mecanismo de Recuperación, sino porque la búsqueda de una gestión lo más eficaz posible implica necesariamente contar con las Administraciones titulares de las competencias que desarrollan muchas de las inversiones del Plan español. Que la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación no se reúna desde agosto de 2021 ejemplifica el desinterés por coordinar la ejecución de los fondos con las CCAA.

El Gobierno siempre ha concebido el Plan de Recuperación como un plan personal del titular de La Moncloa, no como un plan país.

Movilizar una cantidad fondos tan importante en tan poco plazo exigía contar con las comunidades autónomas en la elaboración del plan

En su afán recentralizador no se han tenido en cuenta ni las peticiones de las CCAA, ni sus necesidades específicas, ni se les ha dotado de la flexibilidad necesaria para adaptar las inversiones a las finalidades que más impacto y éxito pudieran tener en sus territorios. Ni se hizo antes, ni se ha hecho ahora con la elaboración de la Adenda al Plan para solicitar los 84.000 millones en préstamos, la ampliación en 7.700 millones de ayudas y los 2.600 millones del Repower EU.

La gran responsable del Plan, la Vicepresidenta primera del gobierno, es consciente de muchas de las carencias en la ejecución de los fondos y de la percepción, cada vez más creciente en Europa, de que la información que traslada el gobierno español sobre todo lo concerniente al Plan no se ajusta a la realidad que sectores empresariales, partidos políticos o regiones llevan manifestando desde comienzos de 2021.

De ahí que Calviño haya incluido en sus documentos fotos de las reuniones con partidos, agentes sociales y presidentes autonómicos para taponar el agujero que la falta de gobernanza del Plan y de la Adenda suponen para la credibilidad del gobierno.

La cogobernanza no es postureo, ni reuniones en forma de monólogo y sin diálogo; sino compartir ideas, hacer copartícipes a todos los actores de la elaboración del Plan y ahora de la Adenda, diseñar los hitos, objetivos, inversiones y reformas a las que se va a comprometer el conjunto del país y que tendrá que ejecutar el próximo gobierno que salga de las urnas.

Calviño conoce las carencias en la ejecución de los fondos y la percepción, cada vez más creciente en Europa, de que la información sobre el Plan no es real

Nunca se ha contemplado este plan como un verdadero “Plan País”. Si así fuera, se habría votado en el Congreso de los Diputados y ahora se estaría debatiendo la Adenda en lugar de prepararnos para asistir a las perfomances monclovitas que presentarán la Adenda al Plan con todo el potencial de la propaganda gubernamental.

Por encima de los anuncios están los datos. La realidad, tozuda e inmisericorde, no es otra que una deficiente ejecución. A pesar de que nos hablaron de “velocidad de crucero”, en 2021 el impacto de los fondos fue nulo, tal y como certificaron la Comisión Europea, AIReF o Banco de España. De 24.198 millones de euros los pagos realizados alcanzaron el 45%, sin que llegaran a la economía real, ya que en su mayoría eran transferencias a CCAA y organismos que tenían que movilizarlos posteriormente.

De los 28.449 millones de euros presupuestados para 2022, a 31 de octubre los pagos tan solo alcanzan 6.778 millones, tal y como certificó la IGAE en su último informe. Suponen un 23,8% del presupuesto de este año, con el mismo cuello de botella en la movilización de fondos que el ejercicio pasado. Las estimaciones del impacto en el PIB para este año que se acaba, van desde el 0,6% que señala el Banco de España al 0,8% que calcula la AIReF.

En 2022, tampoco se ha producido el “máximo despliegue” de los fondos que nos anunciaba el gobierno, ni muchísimo menos de los PERTES. No se trata de acuñar frases, sino de ejecutar de manera eficaz y eficiente los fondos para incrementar nuestro potencial de crecimiento y desarrollar nuestras capacidades industriales estratégicas.

En 2022, tampoco se ha producido el “máximo despliegue” de los fondos que nos anunciaba el gobierno, ni muchísimo menos de los PERTES

Los grandes proyectos tractores apenas han arrancado. Tan sólo presentan avances el de energías renovables, la economía de los cuidados y el que debía ser su emblema, el PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado, ha supuesto un sonoro fracaso con una adjudicación del 25% de lo previsto y la necesidad de lanzar una segunda convocatoria que nunca estuvo prevista. Los ceses en el Ministerio de Industria y la próxima salida de la titular de la cartera al Ayuntamiento de Madrid certifican el fiasco en la gestión de estos proyectos.

Si nada cambia, la Adenda al plan será una oportunidad perdida para corregir los errores cometidos hasta ahora. Los 84.000 millones en forma de préstamos se movilizarán mediante 12 fondos, algunos para financiar gastos ya incurridos como las ayudas de la SEPI y otros, de complejo desarrollo por las dudas en su instrumentalización o por el interés que puedan despertar en el tejido empresarial. Estos préstamos son imprescindibles para que los PERTE puedan impulsarse en 2023, pero no será hasta el segundo semestre cuando empiecen a llegar al tejido empresarial.

Han sido dos años de expectativas frustradas en los sectores industriales, de ausencia de colaboración real con las CCAA, con la plataforma de información y datos de ejecución inconclusa, de una ineficaz movilización de fondos que obliga a solicitar ampliaciones de plazos en las inversiones, reorientar objetivos y aplazar hitos clave para evitar su incumplimiento, como la última fase de la reforma de las pensiones.

El año 2023 definirá el éxito o fracaso del plan de recuperación español. Los fondos han de invertirse en los proyectos con mayor impacto transformador, seleccionados con rigor y sin dejarse llevar por ansiedades electorales que puedan malgastar unos fondos que suponen una gran responsabilidad. España no puede permitirse otro año de decepción.

*** Santiago Sánchez López es economista.