El nuevo criterio progresista para declarar victorias electorales quedaba así inaugurado: sumar a los votos propios los votos que se estaba seguro de poder comprar.

Porque el precio ofrecido no podría ser rechazado por sus destinatarios ni igualado por el Partido Popular (ni por el propio PSOE, si de él hubiese sobrevivido algo más que las siglas, ya convertidas, a esas alturas, en recordatorios sarcásticos de sus cuatro identidades traicionadas).

Por decisión de Sánchez, esa noche el PSOE dejó de ser un partido político al servicio de un ideario para transformarse en una banda asociada a otras bandas, con el único objetivo en común de hacerse con el botín.

Su reparto siempre estuvo claro: para Sánchez, el cargo, que no el gobierno. Y para el resto, como pago, la extirpación de España de sus respectivos territorios, hasta lograr reducir a sus ciudadanos a la condición de súbditos de unas élites supremacistas, totalitarias y rapaces.

Y para todos, el botín de la corrupción, a repartir por cuotas (territoriales, naturalmente).

Desde esa noche electoral, que alumbró el comienzo de esa gran estafa política en la que terminarían convirtiéndose las elecciones de julio de 2023, la Historia de España pasó a convertirse en una vertiginosa crónica de sucesos. Con una ristra interminable de víctimas, devengadas a golpe de los talones librados por Sánchez con cargo a la chequera de los españoles.

Tribunal Constitucional, Fiscalía General del Estado, Tribunal de Cuentas, Guardia Civil, Banco de España, Agencia Tributaria… En realidad, todas ellas, distintas caras de una misma víctima, el pueblo español, destinatario y perjudicado último de todos sus atropellos.

En un asombroso ejercicio de sinceridad, el propio Sánchez lo reconoció (Sánchez sincero, oxímoron perfecto) el pasado 18 de junio, al término de la reunión de la ejecutiva federal del PSOE, celebrada tras la publicación del informe de la UCO sobre Santos Cerdán:

«Entregarle las riendas del país a una coalición del Partido Popular con Vox… sería una tremenda irresponsabilidad».

«Sánchez sabe que la única forma de retener el poder es seguir dañando el interés de la mayoría mediante la concesión de más y más privilegios a las minorías»

La interpretación no ofrece dudas:

Sánchez confiesa saber que la mayoría de los españoles quiere que se vaya.

Sánchez, pese a ello, decide no convocar elecciones.

Es decir, Sánchez no convoca elecciones porque sabe que, si lo hace, las pierde.

Hasta aquí, el resumen es meridiano: si existiese el delito de secuestro político, este sería su mejor ejemplo. Un pueblo secuestrado por su presidente.

Pero ese día, dijo algo más, refiriéndose a la tarea que se proponía realizar con sus socios:

«Nuestro objetivo es consolidar una agenda progresista».

A la vista de lo que Sánchez ha venido entendiendo durante estos dos últimos años como agenda progresista, fácilmente se concluyen dos cosas:

Primero, que Sánchez sabe que la única forma de retener el poder es seguir dañando el interés de la mayoría mediante la concesión de más y más privilegios a las minorías (Seguridad Social vasca, cupo catalán y demás variantes del paraíso progresista).

Segundo, que Sánchez está decidido a seguir haciéndolo.

También en este caso el resumen vuelve a ser igualmente claro: al delito de secuestro político se le unirían (en nuestro particular Derecho político-penal imaginado) las agravantes de devastación y saqueo.

Pero es que, además, al padecimiento del crimen se le suma aquí la tragedia de la desesperanza: como la policía ya tiene rodeada la casa, a la banda no le queda más opción que seguir atrincherada y parapetada tras el cuerpo de su víctima.

Y es que sabe que, sin su poder sobre ella, su destino será la cárcel.

O sea, que los españoles ni siquiera podemos abrigar la esperanza de que el pago de un rescate nos libere.

Lo que está sucediendo en España no es política. Es la lógica del crimen en estado puro. Es el instinto de supervivencia en acción.