Dos nuevos documentos conocidos este lunes agravan los indicios delictivos en el caso de Begoña Gómez.
El último informe de la Guardia Civil recoge uno de los correos intercambiados por la asistente de Gómez en Moncloa con uno de los exvicerrectores de la UCM, que acredita que gestionó las finanzas de la cátedra que la esposa de Pedro Sánchez codirigió hasta 2024 en la Universidad Complutense de Madrid.
Tanto Gómez como su abogado han insistido en que la asesora realizó en todo momento las labores que le fueron asignadas por parte de Presidencia del Gobierno, como la gestión de la agenda o la coordinación del equipo de seguridad.
Pero EL ESPAÑOL ya informó de un correo en el que Cristina Álvarez solicitaba dinero a empresas vinculadas a la Cátedra de Transformación Social Competitiva.
Este nuevo correo detectado por la UCO apuntala la hipótesis de que el rol de Álvarez en los negocios privados de Gómez fue más allá de una simple ayuda esporádica.
Y queda así en entredicho la versión que dio la mujer del presidente en su declaración como investigada por malversación el pasado 10 de septiembre. Admitió los «favores» que Álvarez realizó para sus negocios privados, aunque insistió en que fueron excepcionales.
Pero difícilmente puede concederse crédito a esa versión cuando, según lo acreditado por la Guardia Civil, esos favores «puntuales» consistieron en más de 120 correos de gestiones referentes a la intendencia del día a día de la cátedra universitaria de Gómez.
Por otro lado, el informe elaborado para la Fiscalía Europea por un funcionario de la Intervención General del Estado, incorporado a la investigación del juez Peinado, apunta a que los contratos adjudicados por Red.es a sociedades del empresario Juan Carlos Barrabés en julio de 2021 pudieron incurrir en «fraude de ley».
Según el interventor, se produjo «una adulteración de la valoración técnica, que ha beneficiado a algunos licitadores» como Barrabés, al haberse incrementado «injusta e ilegalmente» la puntuación otorgada a su oferta.
Estas dos novedades en el caso Begoña Gómez suponen un salto cualitativo.
Primero, porque parece cada vez más evidente que, en la práctica, la asistenta de Gómez se desempeñaba directamente como la gestora financiera del máster de la Complutense.
Por eso, este caso no puede ser equiparado, como ha pretendido el Gobierno a través de sus terminales mediáticas, al de la mujer del expresidente Rajoy, cuyo asistente también habría ejercido labores que excederían las tareas propias del ayuda de la primera dama, como acompañarla a realizar compras.
Porque se trata de que la asistenta de Gómez habría llevado a cabo no simples servicios en el ámbito personal y sin ánimo de lucro, sino una labor sistemática para desarrollar una actividad en beneficio de los negocios privados de la mujer de Sánchez.
Una búsqueda de financiación que en algunos casos se hizo desde una cuenta de correo con dominio oficial, membrete gubernamental y logotipo del Palacio de la Moncloa.
Y segundo, porque la adjudicación de casi once millones de euros a las empresas de Barrabés, fichado además por Begoña para el máster y para quien redactó dos cartas de recomendación, cobra inevitablemente la apariencia de un proceso amañado.
Porque por mucho que Gómez no adjudicase directamente ningún contrato, ni tampoco cobrase de la UCM, la adjudicación a las UTES de Barrabés, según el perito, no respondió al principio de oferta económica más ventajosa, sino que los criterios de valoración fueron «arbitrarios» y el proceso, «opaco».
Estos dos informes hacen que el círculo empiece a cerrarse sobre Begoña Gómez y La Moncloa, al reforzar las sospechas sobre una corrupción en los negocios de la mujer del presidente. Y desmontan definitivamente las coartadas del Gobierno sobre el caso.
Porque ¿puede considerarse que también la Guardia Civil, la Intervención General del Estado y la Fiscalía Europea forman parte de la «máquina del fango» o de la «fachosfera» que, presuntamente, estaría instigando una persecución judicial de motivación política contra la mujer del presidente?
A la luz de las nuevas informaciones, únicamente cabe concluir que la investigación penal para esclarecer el fondo del asunto no sólo es pertinente, sino ineludible.
Por eso, en lugar de seguir desacreditando la instrucción del juez, el presidente debe ofrecer explicaciones sobre las actividades profesionales de su esposa vinculadas a su estancia en La Moncloa.