La lista de los vocales del consejo de RTVE es el ejemplo más acabado de la desfachatez con que la coalición gobernante y sus socios han decidido que, si tarde o temprano han de perder el poder, al menos que hagan lo posible para dejar todo ‘atado y bien atado’, de modo que una eventual alternativa se encuentre con el terreno minado en instituciones y órganos reguladores constituidos desde un estricto interés y con una cerrada obediencia partidista. Ignorando olímpicamente al Senado, que junto con el Congreso representa al pueblo español (artículo 66 de la Constitución). A esta Cámara se le atribuye la elección de 11 de los 15 miembros del consejo, que debe aprobarse por mayoría de dos tercios, pero en caso de no alcanzarse ese umbral bastaría la mayoría absoluta.

Es el mismo truco que el Gobierno intentó con la elección del Consejo General del Poder Judicial y del que tuvo que desistir ante la advertencia de la Unión Europea. Exjefes de prensa del PSOE, exjefes de gabinete de Junqueras en pleno proceso sedicioso en Cataluña, personajes conocidos por su agresivo sectarismo… No es que hablar de regeneración democrática con esta obscena ocupación de los medios públicos sea un insulto a la inteligencia, sino que se trata de un insulto a la democracia pluralista. Una reforma de este cariz de la ley de RTVE, que en realidad significa la voladura del modelo de radiotelevisión pública, se encuentra al mismo nivel de desprecio al pluralismo que han impulsado las políticas antipluralistas de todos los ‘iliberales’ que han emergido en la UE.

La coartada de que era necesaria una reforma como esta para evitar los bloqueos es indefendible. No le funcionó al Gobierno cuando intentó lo mismo para copar el Consejo General del Poder Judicial, pero ahora lo ha conseguido con los medios públicos. Lo ha logrado al menos provisionalmente, porque la ley europea de libertad de información que el Ejecutivo ha alegado para blindarse frente a las críticas y a los medios que no le hacen los coros resulta claramente incompatible con esta verdadera añagaza que merece y pide algo más que la queja y el lamento.

La reforma no solo es contraria al Derecho europeo y a los valores del pluralismo político, sino que hay que considerarla muy probablemente inconstitucional. El triste hecho de que la credibilidad del Tribunal Constitucional se encuentre en cuestión cuando se trate de enmendar la plana la Gobierno no impide que este decreto ley pueda considerarse contrario a la Constitución desde su propia raíz; es decir, desde la apreciación misma de que se trata de una necesidad extraordinaria y urgente.

Lo urgente, la necesidad extraordinaria, estaba en Valencia y en Albacete. Pero la deriva política de esta coalición de gobierno disfuncional y precaria conduce a esa endogamia paralizante que vimos en el Congreso. El Ejecutivo no gobierna simplemente porque no puede. Sobrevive y, eso sí, arrasa cuando los intereses de sus socios se alinean con los socialistas para apurar las posibilidades extractivas del poder y de su mayoría. El Gobierno no gobierna, sino que acude todos los días a la casa de empeños regentada por sus socios a ver cuántos votos le dan por esta transferencia, por aquella enmienda o por esos millones con cargo a un Presupuesto que Sánchez y Montero han convertido en la chistera del mago.

Y esta es otra tragedia institucional, política, democrática: la de la anomia, la de la normalización de lo absurdo e inimaginable -la Fiscalía del Estado registrada por la Policía judicial- que se desarrolla diariamente ante nuestros ojos, mientras la tragedia del Levante, la luctuosa y terrible, nos devuelve a la realidad de un país que, como ningún otro en nuestro entorno, cuenta por decenas los muertos en una catástrofe de la que la naturaleza no es culpable.