Dice bien Pedro Sánchez cuando afirma que «no es asumible que se hayan producido dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año». No lo es porque señalan la doble responsabilidad de su Gobierno ante la incompetencia manifiesta en la gestión de las infraestructuras, que raya en lo siniestro. No es asumible que se desoyeran las alertas por los fallos en el mantenimiento de las vías, ni que una vez más la caída del sistema de seguridad LZB haya prologado una nueva tragedia. Después de 46 víctimas en Adamuz el pasado enero, explicar la muerte de al menos 68 viajeros en Urda en este contexto, y en la misma vía, no es una nueva fatalidad, sino el resultado de una pésima gestión. No es asumible el dolor de las víctimas y de sus familiares sin la grave responsabilidad política que conlleva, como tampoco es fácil asumir que desde 2021 haya un déficit acumulado de 3.600 millones de euros en el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria. Es irresponsable. Se calcula una necesidad anual de inversión de 2.900 millones y en 2025 sólo se invirtieron 1.100. La diferencia es un precio inasumible si tenemos en cuenta, además, que el Estado había comprometido añadir una partida adicional de 4.695 millones en el periodo 2021-24, que quedaron en 3.600, mientras el Gobierno gestionaba el mayor ciclo de ingresos fiscales de la historia, con 100.000 millones de euros extra, y maneja con tanta alegría las promesas electorales, 20.000 millones de los ‘martes sociales’ en campaña.

Es inasumible que el ministro Puente salga a dar explicaciones que tamizan el fallo técnico de origen y califican de «inexplicable» la orden del centro de mando de Atocha que autorizó al AVE a seguir su marcha hasta la colisión. No se puede entender que ningún otro sistema de seguridad detectase el problema durante 25 kilómetros. Hay que recordar, con toda pertinencia, que tras lo sucedido en Adamuz se precipitaron explicaciones similares, se dijo que el accidente era inexplicable tras la ‘renovación integral’ de la vía –luego supimos que no lo era tanto–. Durante la investigación hubo irregularidades con la custodia de pruebas y ciertas maniobras que no ayudaron a generar confianza en la gestión de un ministerio más conocido por la corrupción de Ábalos, y las sobrinas y otros polizones, cartera en la que Pedro Sánchez ha decidido mantener y hasta ayer proteger a un político que dedica menos tiempo a la eficacia y las explicaciones responsables que a la agresividad en las redes sociales. A ello se suma la desafección del Gobierno con las víctimas de Adamuz, y la afirmación de Puente, refutada por una segunda tragedia, de que otro accidente era casi imposible.

Es por todo ello inasumible esta gestión fracasada de la red de alta velocidad española que no soporta el mínimo escrutinio de la opinión pública, que ha creado un problema no menor a la imagen exterior de España y, sobre todo, que ha roto la confianza de los ciudadanos en el sistema ferroviario que durante décadas había sido el orgullo de un país y desde que Sánchez llegó al poder no deja de acumular retrasos y suma más de ciento diez víctimas mortales desde enero. Es inasumible, por tanto, el discurso triunfalista del Gobierno o la permanencia un minuto más de Óscar Puente al frente de un puesto de gran exigencia técnica que él ha desviado a la persecución de las críticas y las acusaciones de «bulos catastrofistas» a quienes el tiempo ha terminado dando, trágicamente, la razón. Es legítimo exigir al Gobierno responsabilidades por el mantenimiento defectuoso y todas las inversiones perdidas en los últimos años, y por errores que ahora no será fácil restañar. Dos accidentes en un año, dos veces responsables.

Ni Puente ni Sánchez podrán afirmar que la red es segura si no lo demuestran. La contundencia prometida tras la tragedia, lo mismo que la empatía con las víctimas de Adamuz, debió acontecer el pasado enero. Es inasumible, por demás, que el ministro responsable de una infraestructura crítica cuyos fallos han causado tanto dolor estuviera hace pocos días haciéndose el gracioso en un programa de televisión a cuenta de las averías de Renfe. La tragedia de Urda, después de Adamuz, no ha sido una fatalidad del destino, un accidente azaroso, sino la trágica consecuencia de un fracaso gubernamental continuado en la gestión de las grandes crisis de este país. Desde la pandemia al apagón de 2025, pasando por la dana de Valencia y la invasión de Ceuta, no es difícil demostrar, y a la vista está, que el manejo de los medios y las prioridades se ha utilizado para sacar ventajas políticas o señalar a adversarios. Desgraciadamente los españoles se encuentran ante un fallo sistémico de la capacidad gestora de un Gobierno en tiempo de descuento, con ministros sin crédito y un presidente de la incompetencia colectiva preso del relato. Lo inasumible es que este Gobierno de la «fuerza del amor» y de los chistes impertinentes solo le ofrezca a España un muro donde estrellar la resignación de los ciudadanos ante su sectarismo y su incompetencia.