La ley de amnistía constituye en sí misma una enmienda a la totalidad del orden jurídico. En primer lugar porque al desautorizar a la justicia subordina la separación de poderes al predominio del Ejecutivo, y en segundo porque destruye el principio de igualdad ante la ley al hacer que ciertos delitos dejen de serlo según quienes los hayan cometido. Muchos españoles dejarán de creer en la Constitución si el TC de Pumpido avala que su letra o su espíritu permiten a un Gobierno aprobar leyes en beneficio de sus socios o amigos, o redactadas por éstos a su conveniencia y capricho.

Por tanto ese proyecto sólo puede merecer entre los defensores del sistema vigente el más absoluto rechazo político, moral y por supuesto parlamentario. Acierta el Partido Popular no sólo cuando anuncia su voto contrario sino cuando propone recuperar la tipificación de los delitos borrados y establecer otros que refuercen la defensa de la integridad del Estado. La derogación del sanchismo como modelo programático será difícil de mantener si esta legislatura se prolonga tres o cuatro años, pero es imprescindible que los puntos referentes al rearme de las instituciones se mantengan intactos dure lo que dure el actual mandato.

Asunto de enjundia distinta, y bastante más dudosa, es la posibilidad de ilegalizar o disolver partidos, que roza la penalización de las ideas. La exclusión de Batasuna ya tuvo problemas para pasar el filtro de la jurisprudencia europea, y si lo logró fue porque mediaron sentencias cuyos hechos probados demostraban una vinculación directa con ETA. Ese supuesto no es el mismo que una revuelta incruenta, una consulta de autodeterminación unilateral o una declaración de independencia, actos cuya responsabilidad penal afecta en todo caso a personas concretas. La medida no es del todo inviable pero una fuerza de alternativa, por mucho que sienta la presión populista de su competencia en la derecha, debe afinar sus propuestas y evitar el facilismo de una carrera de brindis al sol con ofertas de brocha gruesa, difíciles de implementar en un marco constitucional de amplia tolerancia con la disidencia. El derecho a la participación política en democracia es una cuestión muy seria.

En ese sentido, la tarea de oposición a Sánchez no puede consistir en halagar los instintos primarios de los votantes. Se necesita pedagogía política para explicarles que ciertas cosas pueden sonar muy atractivas pero no son realizables y que el ‘dospatadismo’ –esto se arregla en dos patadas– suele estrellarse contra una realidad mucho más compleja que la simple declaración de voluntades. Por mucho que el tramposo relativismo sanchista haya calado en numerosos sectores sociales, es menester que quede alguien dispuesto a decir la verdad sin maquillajes. Y la extorsión separatista se puede combatir con reformas electorales o de otra clase. Que buena falta hacen.