Alberto Ayala-El Correo
No resulta sencillo de explicar lo sucedido ayer en el Parlamento vasco, la reunión especial de la Diputación Permanente para que el lehendakari Urkullu y cuatro de sus consejeros (dos del PNV y dos del PSE) dieran cuenta de la actuación gubernamental en la gravísima crisis medioambiental que se vive en Zaldibar y su entorno.
Durante cuatro horas y cuarto, el jefe del Ejecutivo autónomo y sus colaboradores se esforzaron en vender la irreprochable gestión de la crisis que se ha realizado hasta la fecha. Cuando la sesión tocaba a su fin, el lehendakari se descolgaba con una petición de perdón por los errores cometidos, por su eventual falta de empatía con los familiares de las dos víctimas que todavía siguen desaparecidas y, posiblemente lo más grave, con el reconocimiento de que los controles arbitrados por su Gobierno no han servido. De nuevo.
Dio la impresión de que Urkullu se encuentra tocado por el ‘caso Zaldibar’. Posiblemente porque ha puesto especialmente de manifiesto que el PNV no es la excelencia en la gestión que pretende. Por las consecuencias que pudiera tener lo ocurrido en las elecciones del 5 de abril, que personalmente no tengo tan claro, salvo que los cadáveres de las dos víctimas siguieran sin aparecer. Y porque no resulta plato de buen gusto para nadie verse acusado de frialdad y falta de empatía con quienes han sufrido una tragedia.
La gran pregunta que queda flotando en el aire tras el desastre medioambiental es de qué valen los protocolos tan estupendamente cumplidos por el Gobierno PNV-PSE, si no sirven para evitar tragedias como la que vivimos. Y no es la primera vez en los últimos años que nuestro Gobierno gestiona supuestamente como nadie y se la cuelan.
Es evidente que el primer y el gran responsable de lo acontecido es la empresa propietaria del vertedero. Pero también un Gobierno, como el de Urkullu, al que cabe exigir que arbitre los mecanismos oportunos para olfatear que en Zaldibar podía acontecer algo grave, en lugar de limitarse a actuar a posteriori.
La historia se repite. Durante doce años miles de familias vascas pagaron de más por el comedor escolar de sus hijos porque un grupo de empresas pactaron precios. El Ejecutivo vasco oficialmente no se enteró.
Pasó hace poco con las oposiciones de Osakidetza. El Gobierno Urkullu fue incapaz de garantizar a los ciudadanos su limpieza. Descubiertas las anomalías, aún el lehendakari intentó hasta el último minuto evitar la dimisión del consejero Darpón en asunción de su responsabilidad política.
Y ha sucedido con el ‘escándalo De Miguel’ por el que decena y media de exburukides y cargos del PNV han sido condenados a largas penas de cárcel por corrupción. Nadie sospechó nada. Nadie vio nada. Veremos cómo termina el ‘caso Zaldibar’. Y veremos si tiene o no consecuencias el 5-A. Personalmente lo dudo.