Alguien le tendría que explicar a la ministra de Hacienda –y al partido al que pertenece– que, en España, el concepto de «armonización fiscal o tributaria» está definido en el ordenamiento jurídico desde hace décadas. En concreto en las leyes del Concierto Económico Vasco y del Convenio Económico de Navarra. En ellas, de manera explícita, se define la armonización a partir de tres principios –el uso conceptual de la Ley General Tributaria, el respeto a la libertad de circulación y establecimiento de personas, bienes, capitales y servicios, y el empleo de las clasificaciones económicas estatales– y una cláusula de cierre –que no es otra que el mantenimiento de una presión fiscal equivalente a la del conjunto de España–. Estos mismos principios se reflejan también en la LOFCA, reguladora de la financiación autonómica común –en algún caso, como la cláusula de cierre, de manera implícita–. De acuerdo con todo ello, el concepto de «dumping fiscal» no tiene cabida en nuestro sistema tributario autonómico, pues la armonización fiscal no constituye un régimen de igualdad u homogeneidad impositiva ni entre los ciudadanos ni entre las Comunidades Autónomas. Estas últimas pueden así aplicar discrecionalmente, dentro de sus competencias, las bonificaciones, deducciones o reducciones de la base imponible de los impuestos que gestionan, así como aplicar las tarifas que consideren oportunas. Eso sí, siempre que cumplan el requisito de la presión fiscal, de manera que, por la vía tributaria, no puede establecerse una situación de privilegio económico –por otra parte, prohibido en nuestra Constitución– para sus habitantes.

Hablemos entonces de Madrid –curiosamente, no el País Vasco o Navarra–, pues es esta región el objeto de todos los ataques izquierdistas alusivos al «dumping». Ciertamente, Madrid ha renunciado a los impuestos autonómicos y tiene una tarifa y unas deducciones en los de la renta, sucesiones, donaciones, transmisiones patrimoniales y otros que resultan ser los que menos torturan a sus ciudadanos. Pero ello no obsta para que la presión fiscal que soportan éstos –42,7 por ciento del PIB, como promedio en lo que va de siglo– sea la más alta de España –5,4 puntos más que la media–. Así que no creo que haya motivo de queja con las bajadas de impuestos del gobierno regional madrileño.