«Cuestionar la soberanía» española es «inaceptable» e «incompatible» con ser socio de la UE, y la relación con Rabat debe asentarse en el «respeto incondicional» a la integridad territorial de los Estados miembros.

Así consta en el borrador de resolución del Partido Popular Europeo (PPE), que tiene la llave de cualquier votación en Estrasburgo.

El texto exige a las autoridades marroquíes «que cumplan con sus responsabilidades como socio clave de la Unión Europea y respeten sus compromisos en materia de gestión de fronteras, retorno y cooperación migratoria».

El proyecto de declaración, que se someterá a votación este jueves, incluye además una reprobación explícita de la regularización masiva impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, en línea con la carta crítica que firmaron el 1 de agosto 22 jefes de Estado y de Gobierno: todos salvo los de Francia, Irlanda, Luxemburgo y Portugal.

La regularización genera «la percepción de que la entrada ilegal en la Unión Europea puede convertirse en una estancia legal», lo que «fomenta nuevos intentos y socava la confianza en la política migratoria común de la UE». «Las políticas nacionales, como las regularizaciones masivas, no pueden adoptarse sin tener en cuenta su impacto en los demás Estados miembros, en el espacio Schengen y en la UE en su conjunto», reza el texto.

«Ahora el presidente Sánchez pide solidaridad ante una crisis, después de haberse resistido sistemáticamente a las herramientas comunes necesarias para prevenirla: se ha opuesto a medidas más eficaces a escala europea, como el reglamento de retorno; ha impulsado regularizaciones masivas unilaterales, pese a que existen acuerdos en Europa para no hacerlo», ha denunciado el portavoz del PPE, Jeroen Lenaerts, durante el debate de este martes en Estrasburgo.

En todo caso, la condena a Marruecos -que solicitó el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante su visita a las instituciones de la UE la semana pasada- sería mucho menos contundente que la que la Eurocámara aprobó en 2021. En aquel momento, los eurodiputados expresaron su «rechazo a la utilización por parte de Marruecos de los controles fronterizos y de la migración y, en particular, de menores no acompañados, como medio para ejercer presión política contra un Estado miembro».

En total, se han presentado siete proyectos de resolución sobre «los recientes ataques híbridos y la instrumentalización de migrantes en Ceuta y la necesidad de una respuesta coordinada para proteger las fronteras exteriores de la UE». Pero el PPE será la fuerza decisiva: tiene capacidad para pactar tanto con los socialistas y liberales de la gran coalición que sostiene a Ursula von der Leyen como con las fuerzas de la derecha radical, la denominada «mayoría Venezuela».

De entrada, las posibilidades de acuerdo entre PPE, socialistas y liberales son mínimas, según las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL. Los socialistas europeos (S&D), liderados por la española Iratxe García, han salido al rescate de Sánchez y han asumido su argumentario sobre la crisis de Ceuta.

Su borrador expresa «consternación por la reacción inicial de algunos Estados miembros, que equivalió a culpar a España y al Gobierno español de la llegada sin precedentes de un número tan elevado de personas a Ceuta». García ha acusado al PPE de «llevar más de un mes manoseando Ceuta» con el único objetivo de «atacar al Gobierno de España».

El texto de S&D evita cualquier crítica, siquiera indirecta, a Rabat. Al contrario, pone el acento en que «los mecanismos de cooperación existentes entre España y Marruecos permitieron el retorno rápido de la gran mayoría de las personas que habían cruzado irregularmente».

Su proyecto de resolución presenta esa cooperación como clave para «desescalar la situación y evitar una mayor pérdida de vidas» y reivindican, en consecuencia, unas relaciones «sólidas, constructivas y mutuamente beneficiosas» con los países de fuera de la UE.

Los socialistas, solos

Sin embargo, los socialistas europeos están solos en Estrasburgo en su negativa a cuestionar a Rabat por la crisis de Ceuta. El grupo de izquierda radical y el de los verdes -donde se encuadran la mayoría de los socios parlamentarios de Sánchez- han presentado un borrador conjunto muy crítico con Marruecos.

El texto «expresa su preocupación por la reiterada negativa de las autoridades españolas a atribuir cualquier responsabilidad a Marruecos por las circunstancias que rodearon la llegada masiva de personas a Ceuta» y reclama retirar a Marruecos de la lista de países seguros y revisar la financiación europea destinada a la protección de sus fronteras.

Por su parte, el grupo de derecha radical Patriotas por Europa, al que está adscrito Vox, reclama congelar toda la financiación europea a Rabat y suspender el Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos «hasta que se resuelva esta crisis».

También exige renegociar sus términos para que «la futura cooperación con Marruecos quede condicionada a una cooperación efectiva y verificable para prevenir los cruces fronterizos irregulares y proteger las fronteras exteriores de la UE».

Por su parte, el proyecto de resolución de los Conservadores y Reformistas Europeos -el grupo liderado por Giorgia Meloni- pide a Rabat «que cumpla plenamente sus obligaciones internacionales y coopere de forma plena y transparente con las autoridades españolas y de la UE competentes».

Finalmente, Europa de las Naciones Soberanas -la familia política liderada por Alternativa para Alemania- presenta una resolución que expresa «grave preocupación por las pruebas relativas a la implicación de miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes» y «rechaza las elogiosas y prematuras declaraciones de la Comisión sobre Marruecos».

Si no hay acuerdo para una resolución conjunta, el texto del PPE tiene todas las papeletas para salir adelante, previsiblemente con algunas enmiendas de la derecha radical. La cuestión, por tanto, no es si la Eurocámara reprobará a Marruecos, sino hasta dónde llegará esa reprobación. El PPE tiene la llave y, con ella, el control sobre la dureza del mensaje que Estrasburgo enviará a Rabat.