TAL VEZ alguien agradezca al juez Velasco que haya zanjado la antigua discusión acerca de si Francisco Marhuenda es un periodista o un piernas. Pero creo que hacer intervenir en el asunto a la Audiencia Nacional es una dilapidación casi comparable a la que se adjudica a algunos directivos del Canal. Una dilapidación y un escándalo jurídico. El auto que «desinvestiga» (su ofensiva gramática incluye también el participio «contexturalizado») a Marhuenda y al empresario Mauricio Casals es un ejemplo de la peor doctrina instructora: la de los jueces que primero disparan y luego preguntan. Si bastó oír a esos dos (y a su coaccionada Cifuentes) para librarlos de la imputación, lo razonable habría sido primero oír y luego decidir si imputar. Ciertamente, ese procedimiento instructor les habría ahorrado la pena de telediario. Pero como en el caso de la discusión citada el hecho de que Casals sea alto directivo del grupo mediático que de manera más sucia y obstinada ejecuta la pena no justifica, ni siquiera poéticamente, la innoble torpeza de Velasco.
La actitud del instructor del caso Lezo no es aislada. Corresponde a lo que él mismo definió en este periódico, con una comodidad discursiva meditable, como la justicia del pueblo. Los ciudadanos no deben responder ante la ley sino ante el pueblo y el pueblo es un ente puramente mediático. Una de las características del estado justiciero es que pasa con gran facilidad por encima de las personas, ya reducidas a figurantes. Otro instructor de nuestra época, José de la Mata, debería también aclarar la pertinencia del trato al que sometió ayer a Jordi Pujol Ferrusola. No solo por la más que discutible decisión de encarcelarlo ahora, tantos años después y todo ya sucedido. El hijo de Pujol empezó a declarar a la una. Después de unas cuatro horas esperó en los pasillos la resolución del juez. A las ocho pasó a los calabozos y aguardó a que lo trasladaran a Soto del Real. Allí cumplió las formalidades del ingreso y quién sabe si un sueño semiepiléptico. No duraría mucho. «Nos vamos, Pujol». De madrugada lo meterían en un furgón, camino de Barcelona. En furgón no creo que haya menos de siete horas. A primera hora de la mañana ya observaba los trámites de los registros en su casa y en la de su padre. Lo último que supe es que a mediodía esperaba la vuelta del furgón en un calabozo de La Verneda. Dura lex sed lex! Porque, sin duda, los registros debieron de ser de una urgencia imperiosa; de una inexorabilidad fatal; de una exuberancia probatoria puramente amazónica.
La justicia fácil. Esa humillación colectiva que se añade con ventaja a la del delito.