Menudas vacaciones le esperan a Pedro Sánchez tras perder las elecciones europeas, sin ley de extranjería, sin los PGE, con la Ley de Amnistía paralizada y pendiente del pacto de Gobierno en Cataluña
La Sala Segunda del Tribunal Supremo, que preside el magistrado Manuel Marchena, ha presentado ante el Tribunal Constitucional y contra la Ley de Amnistía un recurso de inconstitucionalidad. Un firme y duro alegato en el que se afirma que la mencionada Ley constituye ‘la vulneración del derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica”, y que la norma ‘repugna al derecho constitucional y a la igualdad ante la ley’.
El TS, que califica el ‘procés’ catalán de ‘golpe de Estado’, añade que la Ley amenaza el principio de ‘seguridad jurisdiccional’ y sustituye “el sistema constitucional por lo que gráficamente se ha denominado como una suerte de amnistía permanente revisable’. Contraviniendo, así, ‘el principio de seguridad jurídica y alterando las bases de la convivencia democrática’. Y concluye diciendo que lo que está en cuestión “son los principios constitucionales y el sistema democrático’.
El recurso del Tribunal Supremo, por su flagrante claridad, contundencia y sentido común, va a necesitar de mucha imaginación o desvergüenza y sumisión política (o ciertas dosis de prevaricación) al servicio de Sánchez para que el presidente del TC, Cándido Conde Pumpido, y los magistrados mal llamados ‘progresistas’ que lo secundan, puedan declarar constitucional en fondo y en su chapucera forma (que la hace inaplicable) semejante Ley.
Pero en su recurso y alegato contra la Ley de Amnistía el TS hace también una denuncia indirecta y explícita al presidente Pedro Sánchez y al PSOE que quedan retratados con la Ley de Amnistía como cómplices del golpe de Estado catalán de 2017, y como artífices de esta flagrante vulneración del Estado de Derecho, los principios constitucionales y el ‘sistema democrático’.
Puigdemont amenaza la legislatura
A sabiendas, como lo conoce todo el mundo, de que el único motivo por el que Sánchez ha impulsado la amnistía no fue la ‘convivencia’ catalana como el dice sin pudor, sino la búsqueda de los siete votos de Junts, el partido del prófugo Carles Puigdemont, para conseguir su investidura como presidente del Gobierno.
El mismo Puigdemont que ahora amenaza –‘Waterloo no paga traidores’- a Sánchez con la posibilidad de liquidar la legislatura si el PSC no se aviene a investirlo a él como presidente de la Generalitat. O no impide el pretendido pacto de gobierno catalán entre el PSC Y ERC para, una vez roto, favorecer la repetición de las elecciones catalanas en octubre.
Una amenaza letal de Puigdemont a Sánchez que el prófugo podría llevar a cabo si sus siete diputados de Junst decidieran apoyar en el Congreso una eventual moción de censura del PP de Alberto Núñez Feijóo, en línea con las recientes votaciones de Junts -en la compañía del PP y Vox– contra la Ley de Extranjería y la apertura de la senda presupuestaria de 2025.
Cita del presidente ante el juez por el ‘caso Begoña’
A lo que, en este aparente fin del régimen autocrático de Sánchez, se añade el escándalo y ‘caso de Begoña Gómez’, imputada por el tráfico de influencias y corrupción, en el juzgado de Madrid que preside Juan Carlos Peinado, ante quien, el próximo martes día 30 Sánchez, tendrá que declarar como testigo, bien sea en Moncloa o por escrito como lo solicita el presidente.
Asunto este de Begoña por el que Pedro Sánchez anunció el pasado 24 de abril por carta a la ciudadanía que se tomaba cinco días de ‘reflexión’ para decidir si presentaba su dimisión. Lo que parecía coherente una vez se supo que su esposa Begoña Gómez estaba siendo investigada judicialmente.
Desde entonces, Sánchez vive cautivo de la inestabilidad y la indignación que todo ello le produce, buscando culpables en los medios de comunicación y los partidos de la oposición. Y preguntándose cómo el prófugo Puigdemont, al que él ya le pagó la investidura con la Ley de Amnistía (de momento inaplicable), se atreve a desafiar a tan poderoso señor.
De manera que menudas vacaciones le esperan ahora a Pedro Sánchez tras perder las elecciones europeas, sin ley de extranjería, sin los PGE (que ahora bloquea Puigdemont) con la Ley de Amnistía paralizada, y pendiente del los pactos de gobierno en Cataluña del PSC que dependen de las bases de ERC.
El ‘referente moral’ de 2017
Y con el escándalo de los negocios de Begoña Gómez a la espera de próximas decisiones del juez Juan Carlos Peinado. Quien, ante la negativa a colaborar con la Justicia de Gómez y puede que también de Sánchez, podría acordar un auto de ‘transformación’ del procedimiento una vez que concluyan las diligencias previas.
Auto que, tras los recursos de las ‘partes’, podría llevar al magistrado a decretar la apertura, que no es recurrible, de juicio oral en el ‘caso Begoña’. El que tiene en su conjunto un antecedente porque fue Pedro Sánchez quien en 2017, desde el liderazgo de la Oposición, exigió a Mariano Rajoy la dimisión cuando el entonces presidente del Gobierno fue citado a declarar como testigo ante el tribunal que instruía el caso Gurtel.
Petición de dimisión que a Sánchez, ahora, ya se le ha olvidado y que entonces justificó diciendo que ‘un presidente debe ser un referente moral para el conjunto de la Sociedad’. ‘Referente moral’ que ya dejó de serlo Sánchez cuando incumplió sus promesas electorales y acordó comprar su investidura con impresentables concesiones -empezando por la amnistía- a los herederos de ETA, la extrema izquierda y el golpismo catalán.
La firmeza de los jueces
Y qué decir de la poco escasez moral de Begoña Gómez y del presidente Sánchez porque han convertido el Palacio de La Moncloa en ‘centro de negocios’ privados utilizando la institución, su influencia y recursos económicos en el beneficio de los ‘sorprendentes’ negocios de Begoña Gómez.
Estamos ante un panorama político desolador aunque aún nos queda la firmeza y la claridad que emanan de la Sala Penal del Tribunal Supremo para denunciar los atropellos de Pedro Sánchez contra la Democracia, el Estado de Derecho y la Libertad. Bastión este último que Sánchez necesita liquidar para permanecer en el poder unos meses más.