El reloj sigue corriendo sin que se despeje del todo la incógnita de si el peneuvista Xabier Agirre tendrá el respaldo suficiente para ser reelegido este jueves como diputado general de Álava.
Hoy, a las 9 horas, vencerá el plazo para que la formación cumpla su advertencia de presentar a su candidata a diputada general, Nerea Gálvez, una cuestión que la propia portavoz de la comisión negociadora, Kontxi Bilbao, afirmó que no sería definitiva. Si ambos partidos siguen sin llegar a un acuerdo de programa, es posible que EB en Álava, alineada con el sector del coordinador general Javier Madrazo, mantenga un poco más el suspense presentando la candidatura de Gálvez al pleno de investidura del jueves.
Agirre, que cuenta con el respaldo de Bildu, necesita del apoyo de EB para mantenerse al frente de la Diputación. Al aspirante más votado, Javier De Andrés (PP), le bastaría con el voto confirmado del PSE y la abstención de la formación de izquierdas.
EB, que perdió su representación en las tres capitales vascas y las Juntas Generales de Vizcaya y Guipúzcoa, tomará en Álava una de las decisiones con mayor visibilidad ante la opinión pública. La formación quiere hacer de la fiscalidad una de sus banderas en un momento propicio, con el escenario político muy fragmentado y con al menos dos instituciones -el Gobierno vasco del PSE y la Diputación de Guipúzcoa en manos de Bildu- dispuestas a plantear cambios relevantes en el modelo tributario. En su última oferta hecha pública, EB suavizó su exigencia al PNV, postergando la recuperación del impuesto del patrimonio hasta 2013, cuando en sus reuniones internas planteaba que se hiciera en 2011 o 2012.
Por su parte, la formación presidida por Iñigo Urkullu vería su poder territorial seriamente mermado si a la pérdida de Guipúzcoa sumara la del ente foral alavés por la falta de acuerdo con EB. El problema está en las resistencias a subir los impuestos del PNV vizcaíno, y en concreto del diputado general José Luis Bilbao, cuyo argumentario ha funcionado razonablemente bien en las urnas el pasado 22-M.
En 2010, Bilbao logró frenar en seco la apertura del debate fiscal que solicitaba el Gobierno vasco y que el propio Xabier Agirre veía con buenos ojos. Entonces se optó por postergarlo hasta después del 22-M, pero el PNV ya no tiene las tres Diputaciones en sus manos para intentar imponer los ritmos y corre el riesgo de nadar a contracorriente.
El lehendakari, Patxi López, ya ha anunciado que es partidario de recuperar ciertos impuestos y revisar deducciones y bonificaciones a particulares y empresas. En Guipúzcoa, tanto Bildu como PSE hicieron público tras su reunión a finales de junio que había sintonía entre ambos para llegar a acuerdos puntuales en materia fiscal y política social. El PP se opone a las subidas de impuestos.
Como si de una matriushka rusa se tratase, el dilema del sentido del voto de EB esconde a su vez otros que se solapan con las fuertes tensiones internas que vive una formación encaminada hacia la escisión en plena batalla por el control del censo de afiliados. Los opositores al sector de Madrazo, encabezados por el coordinador general, Mikel Arana, dan por sentado que, además de las cuestiones programáticas, existe una negociación B que incluye obtener algunos puestos en entidades públicas para algunos afines al madracismo. EB en Álava lo niega rotundamente.
La organización vive duros momentos económicos tras la pérdida de poder en los comicios del 22-M. Además, la brecha entre ambos sectores es tal que Arana, único parlamentario de la formación, ha cambiado el número de cuenta en el que EB recibía el dinero correspondiente a su presencia en la Cámara. EB ha tenido que despedir a varias personas. La pasada semana, un exdirigente afín a Madrazo, Vicente Silva, dejó el partido con quejándose de que «hasta pedir un mísero sueldo por trabajar 24 horas al día parece aberrante».
EL PAÍS, 4/7/2011